Resulta innegable que en nuestro país los jornaleros agrícolas desempeñan un papel de gran importancia en la cadena de producción de cultivos básicos en la dieta de los mexicanos, así como en cultivos de exportación.

Los trabajadores agrícolas se enfrentan a una constante, la movilidad laboral, la cual se desarrolla en la mayoría de los casos del sur al noroeste del país; la mayoría de ellos son procedentes de comunidades indígenas que casi siempre son zonas con pobreza extrema y se trasladan para trabajar en la cosecha principalmente de frutas y hortalizas.

La migración laboral de estas personas suele ser en familias se vincula frecuentemente a temas de pobreza, discriminación, injusticia, marginación o salud.

Una práctica muy recurrente y, en la cual es urgente poner más atención, la constituye el trabajo infantil en los campos agrícolas mexicanos. Algunas cifras mencionan que de los 9.2 millones de jornaleros agrícolas que existen en México, 3.5 millones son niñas y niños que participan en las mismas dinámicas laborales que sus padres con la finalidad de contribuir al ingreso familiar.

Lamentablemente el trabajo infantil en los campos agrícolas es un fenómeno que lejos de frenarse, avanza de manera generacional. Los niños y niñas que actualmente participan en labores agrícolas, son nietos o hijos de hombres y mujeres que a su vez empezaron a trabajar desde los cuatro o 10 años de edad, viviendo una vida caracterizada por constantes traslados por carreteras y trabajo en los campos agrícolas; niños y niñas que se convierten en adolescentes que van formando sus propias familias dentro de ese mismo medio.

Otro aspecto para considerar es el daño a la salud que se genera en las personas que trabajan expuestas a mezclas complejas de plaguicidas que pertenecen a diferentes grupos químicos, y que se utilizan de forma constante en los campos agrícolas, además de pequeñas partículas de polvos (PM2.5).

Desde hace más de una década, diversas investigaciones han analizado y evidenciado las repercusiones en la salud provocadas por la constante exposición a estos plaguicidas y partículas suspendidas.

No obstante, estos trabajos y diversos acuerdos y convenios nacionales e internacionales que buscan proteger a la población vulnerable de estos peligros, parecieran son insuficientes, ya que terminan diluyéndose en aspectos legislativos que no siempre encuentran eco en las instancias responsables de ejecutar y hacer cumplir la obligación de protegerlos.

Es común escuchar historias de gente intoxicada en los campos agrícolas y que incluso muere debido a intoxicaciones asociadas a plaguicidas a los que estuvieron expuestos, lo cual se ve agravado en muchos casos, por las considerables distancias que separan a los campos agrícolas de los centros hospitalarios.

Se suman diversos factores como el nivel de toxicidad de las mezclas, la constante exposición a ellas por parte de jornaleros y población cercana a los campos, la carencia de atención médica oportuna y la indiferencia hacia esta problemática, resulta en la necesidad de contar con un modelo de atención específica y justa, para los trabajadores agrícolas, sus familias y la población aledaña a los campos, que no debemos olvidar, también sufren daños colaterales.

Adicionalmente, las partículas suspendidas pueden generar desde infecciones respiratorias agudas (IRA) hasta afecciones crónicas como EPOC, accidentes cerebrovasculares y cardiacos los cuales muchas veces son atribuidos a otras causas, por lo que no se toman las precauciones necesarias.

Buscar proteger la vida de los trabajadores del campo no se trata solo de fijar indemnizaciones ante una muerte o un daño permanente en su salud. Por supuesto que son aspectos apenas justos de considerar, pero, antes de tasar la vida de un jornalero, hay que repensar en el cúmulo de derechos fundamentales que se les quebrantan, no solo en el tema de salud, sino en vivienda digna, jornadas laborales, remuneraciones, alimentación e incluso falta de equidad.

En 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) denunció que alrededor de 3.3 millones de menores de entre los seis y 14 años, procedentes en su mayoría de comunidades indígenas, participan en un proceso laboral irregular, violando sus derechos fundamentales.

Los números muestran que un 8.4 por ciento de los menores en esta condición presentan cuadros agudos de desnutrición, además de que el 26 por ciento no tiene acceso a la educación, situación que vulnera aún más su realidad.

La precaria situación económica que viven muchas comunidades rurales de México provoca que el trabajo infantil represente para las propias familias, un apoyo irrechazable. En los campos agrícolas, este escenario no es la excepción.

La pobreza extrema que viven muchas familias de jornaleros obliga a los niños a sumarse a jornadas laborales extenuantes de entre ocho a 12 horas diarias, durante seis días a la semana. De acuerdo con un estudio de la UNICEF, realizado en campos agrícolas de 23 regiones del país, la mano de obra infantil resulta ser altamente rentable para los patrones, quienes los “emplean” principalmente en tareas de corte de hortalizas.

A pesar de la firma y ratificación de tratados internacionales, en México, los niños jornaleros y, especialmente los de origen indígena, se ven inmersos en un ambiente de desprotección y marginación que llega incluso a asemejarse a la esclavitud. Debemos luchar para generar planes y programas sociales más efectivos que permitan mejorar la situación de los niños jornaleros y sus familias, evitando toda situación de riesgo, desprotección y vulnerabilidad.

La resolución de esta problemática debe representar una prioridad dentro de los tres órdenes de gobierno, por lo que se necesita ampliar la visión y replantear políticas públicas adecuadas, generando con ello nuevos programas que de manera efectiva garanticen la protección de los derechos de los niños y su desarrollo integral que les permita acceder a otro estilo y forma de vida.

Para leer más:

https://www.miproximopaso.org/profile/summary/45-2092.00
https://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Ficha_Monitoreo_Evaluacion_2013/SEDESOL/20_S065.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAPTrabIn_21.pdf
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha por ciento20Pjornalera.pdf
Posadas Segura F. 2018. Mercado de trabajo de los jornaleros agrícolas en México. Región y sociedad 30, https://doi.org/10.22198/rys.2018.72.a885
https://www.fbbva.es/microsites/salud_cardio/mult/fbbva_libroCorazon_cap72.pdf

Carmen Martínez Valenzuela
Laboratorio de Genotoxicología,
Universidad Autónoma de Occidente
Norma A. Miranda Soto
Departamento de Ciencias Administrativas, Universidad Autónoma de Occidente
Diana Escobedo Urías
Departamento de Medio Ambiente,
IPN-CIIDIR Sinaloa