Para que una política ambiental sea eficiente, no basta con que ésta sea diseñada desde la esfera gubernamental. Se requiere definir claramente al actor social que la ejecute en términos operativos, logísticos, in situ.

Por eso es preciso una política inclusiva en la que las comunidades locales formen parte de las tareas de conservación de especies endémicas, de la capa vegetal, mediante tareas precisas orientadas a la valoración, al conocimiento y a la gestión territorial en el ámbito rural del patrimonio cultural de pueblos y comunidades.

Muchas actividades de ese tipo ya se realizan de hecho. De otra manera no se explicaría la situación de los ecosistemas que tienen niveles de conservación aceptables a pesar de los impactos ambientales que las acciones humanas han tenido en algunas regiones del país.

En su informe de 2012, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), advierte: “El deterioro de la biodiversidad amenaza el bienestar humano, sobre todo en el caso de los pobres de zonas rurales y las comunidades indígenas cuyo medio de subsistencia a menudo depende directamente de la biodiversidad y de los beneficios de los ecosistemas”.

Es relevante que México sea uno de los cinco países más importantes de biodiversidad a nivel mundial. Tanto en el plano biótico como en el agrícola. Además de que nuestro país posee el primer lugar en diversidad del maíz por sus más de cuarenta razas autóctonas y cientos de variedades criollas. Son producto del laborioso trabajo de domesticación agrícola y adaptación a las condiciones climáticas que ha hecho la población campesina.

Los productores tradicionales mexicanos son los receptores y transmisores de un conocimiento ancestral; también los depositarios del mantenimiento de una de las prácticas agrícolas más antiguas del mundo: la domesticación y el cultivo de maíz. Es la base de la alimentación de la población nacional y recientemente fue declarada patrimonio de la humanidad.

Sin embargo, esta riqueza biológica y genética está en peligro debido a las grandes transformaciones del campo mexicano y a la apertura extensiva del mercado del maíz. Y sobre todo, a la introducción de variedades genéticamente modificadas o transgénicas.

Frente a ello, una de las acciones más importantes es la protección de las variedades locales, en la medida en la que, como concluyó la Comisión para la Cooperación Ambiental de Norteamérica en su informe de 2004, la diversidad genética de las variedades locales de maíz debe ser preservada tanto en cultivos (in situ) como en bancos de semillas (ex situ).

Los campesinos que cultivan maíz nativo deben ser apoyados para que sean actores clave en la conservación de la biodiversidad de las variedades locales. De tal manera que se mantenga y se incremente el capital biológico, cultural y social de México.

La pérdida de la agro-diversidad facilita la proliferación de monocultivos en extensas áreas de siembra, se agota la fertilidad de los suelos y las plagas se hacen más frecuentes y generan resistencia frente a los insecticidas. A ello las empresas de agroquímicos responden con productos cada vez más tóxicos, generando una espiral de dependencia plagas-agroquímicos-plagas, con consecuencias catastróficas para el medio ambiente y beneplácito para las empresas citadas.

Otra amenaza asociada a los agroquímicos es la distribución de variedades transgénicas, anteriormente promovido por la misma Secretaría de Agricultura.

En las regiones rurales e indígenas se concentra un importante sector de la población que desempeña funciones de producción de alimentos, coexistiendo con una diversidad biológica importante y un patrimonio natural considerable.

El conocimiento del funcionamiento de los ecosistemas, del manejo de las especies vegetales y animales es un capital cultural estratégico para la conservación de la biodiversidad.

La sistematización de las experiencias de acercamiento y entendimiento de los ciclos reproductivos y de los ecosistemas hace prioritario conservarlos y volver benéfico su aprovechamiento para los habitantes de dichos pueblos. Son conocidos los frutos de sus prácticas de aprovechamiento y manejo sostenible de los ecosistemas y recursos naturales, transmitidos de generación en generación.

Los saberes tradicionales son parte del patrimonio cultural pues incluyen prácticas, representaciones, expresiones, conocimiento, habilidades, instrumentos, objetos, artefactos y todo tipo de utensilios de trabajo. Igualmente, espacios culturales de territorios y comunidades donde se desarrollan los grupos sociales e individuos que forman parte de esa riqueza cultural, transmitida por generaciones. Así, los habitantes y las comunidades locales mantienen una estrecha relación e interacción con la naturaleza.

Los campesinos representan un estilo de vida, una forma de organización propia que difícilmente se encuentra en otros lugares, o en las ciudades.

Sus relaciones de proximidad entre localidades, el manejo del espacio, el compartir prácticas colectivas a través de los distintos tipos de rituales en cuevas, montes, manantiales, o en cada uno de los parajes que integran la territorialidad en la que viven, constituyen una forma particular de sociedad, muy distinta de la urbana.

Por eso es difícil definir a los campesinos solamente usando un elemento: el componente económico y aplicando con una rigurosidad bajo sospecha un criterio de descalificación injusto.

La complejidad de su organización social no depende de la relevancia que tenga la actividad productiva agrícola en el contexto comparativo de la economía nacional, o de la importancia de la pluriactividad en la unidad productiva. Obedece a la cantidad de personas a nivel nacional que sigue vinculada a la agricultura, ya sea como actividad productiva o como variante de la comercialización de productos, artesanías, cadenas de valor y otros procesos de organización económica.

Después de treinta años de políticas de libre comercio, los responsables de la economía nacional deben hacer un ejercicio de autocrítica y abordar frontalmente la pregunta de si realmente los tratados comerciales han beneficiado a los productores rurales de nuestro país.

Las políticas de desarrollo rural son una estrategia del gobierno mexicano en el marco de las políticas de libre comercio. Sin embargo, es prioritario fortalecer el mercado interno y mantener los niveles de agroexportación en mercados diversificados y no concentrados en un solo destino: Estados Unidos.

El actual gobierno ha buscado romper con la política de distribución de apoyos gubernamentales a un puñado de 17 mil productores exportadores, a costa de 4 millones de campesinos que viven en la pobreza y que solo recibían el 0.5 por ciento de dichos recursos. La política de fomento agrícola no puede seguir apoyando este tipo de desigualdades en el acceso a recursos y a mercados.

Otra medida atinada es la restricción de importaciones de maíz transgénico estadunidense, un primer paso para reorientar la política agrícola nacional. Y para apoyar al pequeño productor de maíz nativo, a pesar de las pérdidas de millones de dólares que podría suponer para las grandes transnacionales.

La soberanía alimentaria y la salud de un país valen mucho más.

Yanga Villagómez Velázquez
Centro de Estudios Rurales, El Colegio de Michoacán
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