En México, todos y todas estamos expuestos a una mezcla de plaguicidas altamente peligrosos (PAP) que se utilizan de forma intensiva en las actividades agrícolas. Como consumidores, nos exponemos a través de alimentos que, aunque no los percibamos, contienen residuos de estos plaguicidas.

Las y los trabajadores agrícolas de invernaderos, floricultores, aplicadores y las comunidades rurales se exponen por la deriva de la aplicación terrestre y aérea de los agrotóxicos.

A lo anterior se añade la exposición por las nebulizaciones de las campañas de control de insectos portadores de enfermedades transmisibles. Es una exposición involuntaria a múltiples fuentes, pues no se informa de la presencia de plaguicidas en alimentos, agua, suelo o atmósfera.

Esta situación ha sido ocasionada por un régimen regulatorio neoliberal que, durante décadas, ha privilegiado el mercado sobre los derechos humanos y que ha debilitado los organismos reguladores de control como la Cofepris, la Semarnat y la Sader.

¿Qué tan grave es la situación?

De acuerdo con la información más reciente, en 2023 se encontró que 204 PAP autorizados en el país tienen una o más de las siguientes características: toxicidad aguda alta que puede causar la muerte en humanos, en organismos acuáticos y abejas; toxicidad crónica (asociada con ciertos tipos de cáncer, daños reproductivos, alteraciones hormonales, entre otros); alta persistencia en agua, suelo o sedimentos.

Destaca la muerte masiva de abejas por el uso indiscriminado de los insecticidas fipronil y neonicotinoides, que son PAP con alta toxicidad para estos polinizadores, ya prohibidos en otros países. Además, hay 151 plaguicidas autorizados que están prohibidos o no se permiten en otros países del mundo.

Toda esta situación ha beneficiado a unas cuantas empresas tanto nacionales como transnacionales que lucran con los agrotóxicos y que tienen el control del mercado de semillas híbridas y transgénicas.

Es innegable que ha habido avances en este sexenio: el decreto presidencial (DOF, 13 feb. 2023) que estableció cuotas anuales de importación del herbicida glifosato para terminar con su uso en marzo del 2024, medida necesaria, plenamente justificada, aunque ahora esté en pausa la fecha de cumplimiento por presiones agroempresariales internas y de Estados Unidos.

Otro avance es el decreto presidencial que niega la importación de algunos PAP incluidos en el Convenio de Róterdam (DOF, 6 nov 2020).

El acompañamiento técnico y apoyo a las prácticas agroecológicas en los programas del gobierno federal de Producción para el Bienestar de Sader; Sembrando Vida de la Secretaría de Bienestar, y las acciones de Semarnat en las áreas naturales protegidas, junto con los proyectos de Conahcyt en apoyo a la sustitución del glifosato.

La actualización del Reglamento de Plaguicidas Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, por salir a consulta pública en el segundo semestre 2024; y la revisión en curso de la norma sobre aplicaciones aéreas de plaguicidas con criterios ambientales y de protección a la salud.

Sin embargo, todas estas medidas, aunque valiosas, resultan insuficientes frente a la dimensión del problema de los PAP en México.

Una ruta obligada para el nuevo gobierno

Se requiere una política de Estado con dos objetivos estratégicos articulados: establecer una política nacional para la transformación agroecológica de los sistemas agrícolas y, una política nacional transectorial para la prohibición progresiva de los PAP que ponga en el centro la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos a la salud, a la biodiversidad, a un medio ambiente sano, a una alimentación adecuada y a un trabajo digno.

Elaborar una Ley General de Plaguicidas que permita una mejor acción coordinada de los distintos organismos reguladores que garantice los derechos humanos y la aplicación de los principios precautorio, de prevención e in dubio pro natura.

Elaborar un programa nacional de reducción del uso y prohibición progresiva de PAP en México con “objetivos, metas, estrategias y prioridades que sean medibles, evaluables y monitoreables”, en cumplimiento de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 82/2018, y las recomendaciones de los relatores de la ONU sobre derechos humanos y sustancias tóxicas, y el derecho a la alimentación que señalan el deber del Estado de implementar políticas que prevengan la exposición a los PAP.

Crear un sistema nacional de información y vigilancia integral sobre el uso de plaguicidas de acceso público y con suficiente apoyo presupuestal que garantice el derecho público a saber qué plaguicidas se usan, dónde, cuánto y cuándo.

Este sistema integraría información proveniente de la venta de plaguicidas con mayor peligrosidad que deben requerir una receta agronómica, las bitácoras del uso agrícola, los datos de la vigilancia epidemiológica de intoxicaciones y enfermedades crónicas, y la vigilancia ambiental en suelo, agua y atmósfera.

Prohibir el uso de PAP en campañas de salud pública y apoyar en mayor medida una estrategia integral de control de vectores con participación ciudadana. Con la prohibición prioritaria de insecticidas neurotóxicos y alteradores hormonales, como el clorpirifos y malatión.

Fortalecer la capacidad analítica de las instituciones de enseñanza e investigación del sector público para responder a las necesidades de vigilancia epidemiológica y ambiental, así como a las necesidades de atención demandadas por la población.

Fortalecer el acceso a la justicia y a la reparación de los daños causados por el uso de los PAP o por accidentes. Se requiere una acción coordinada entre gobierno, sociedad civil, industria y otros actores relevantes para garantizar que las personas afectadas puedan obtener una reparación justa y adecuada.

Incluir a los PAP en la agenda de cooperación internacional con la meta de prohibir los PAP en la agricultura para el 2035 consensuada en el Marco Global sobre Productos Químicos, y participar en la Alianza Global sobre Plaguicidas Altamente Peligrosos, aprobadas en 2023 en la quinta Conferencia Internacional de Gestión de Sustancias Químicas; y la meta de reducir en 50 por ciento el riesgo de los PAP al 2030, acordada en el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal del Convenio de la Diversidad Biológica en 2022.

Fernando Bejarano González
Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, AC
Correo-e: coordinació[email protected]
Aurora Elizabeth Rojas García
Universidad Autónoma de Nayarit
Correo-e: [email protected]
Yael Yvette Bernal Hernández
Red de Toxicología de Plaguicidas Universidad Autónoma de Nayarit
Correo-e: [email protected]
Octavio Gaspar Ramírez
Laboratorio Nacional Conahcyt de Toxicología Socioambiental
Correo-e: [email protected]
Omar Arellano Aguilar
Facultad de Ciencias, UNAM
Correo-e: [email protected]