De acuerdo con la información oficial de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), casi 12 millones de personas habitan comunidades y ejidos donde existen coberturas forestales importantes de las cuales 77.6 por ciento viven en altos niveles de marginación y pobreza, en su mayoría pertenecientes a pueblos originarios.

Sin embargo, prácticamente toda la población del país depende directamente de la existencia de los ecosistemas forestales para mantener las fuentes de agua, acceder a alimentos y combustible, conservar la salud de los sistemas agrícolas, y obtener ingresos, materias primas y alimentos diarios.

Si bien el 71 por ciento de la superficie terrestre del país cuenta con coberturas forestales (138.7 millones totales, 30.3 millones de selvas, 34.8 millones de bosques templados, 56.2 millones de matorrales xerófilos, 947 mil de manglares, entre otros ecosistemas), éstas se siguen perdiendo a un ritmo de cerca de 215 mil-255 mil hectáreas anuales promedio por una mala gestión territorial, problemas de límites territoriales, la disolución de las asambleas ejidales y comunales, una excesiva y centralizada regulación que ni permite el uso sostenible de los recursos ni puede ser aplicada por las instituciones gubernamentales para detener ilícitos, falta de información tan básica como un mapa nacional que permita delimitar la frontera agrícola y coordinar acciones entre dependencias federales y estatales, la presencia cada día mayor de plagas, enfermedades e incendios forestales fuera de control (exacerbadas por el cambio climático), la falta de inversión en investigación y desarrollo de productos forestales que permitan mejorar los ingresos de los propietarios de terrenos forestales, subsidios mal diseñados que promueven la deforestación, y, sobre todo, por una creciente presencia de grupos delictivos que controlan el acceso a los territorios y los recursos, incluyendo la tala ilegal.

Históricamente, las regiones forestales y las políticas para impulsar su desarrollo económico y social han visto vaivenes. Desde los años ochenta existen programas gubernamentales que han promovido el manejo forestal comunitario sostenible al igual que programas de establecimiento de plantaciones comerciales o programas de restauración forestal, pero también continúan programas y subsidios que impulsan la destrucción de las selvas y bosques para expandir la ganadería y la agricultura (industrial o de campesina), así como la eliminación de manglares o selvas para la construcción de complejos turísticos mal planeados, nuevos desarrollos urbanos, complejos industriales o infraestructuras de transporte sin acciones reales de compensación ambiental.

En términos presupuestales, la agenda forestal ha sufrido cambios relevantes. En 2007, el presupuesto fiscal asignado pasó de los casi 3 mil millones de pesos hasta máximos de más de 7 mil millones anuales hasta el año 2016 (valuados a precios constantes de 2013).

Este incremento presupuestal fue acompañado de políticas que buscaron impulsar el uso sostenible de los recursos forestales y la restauración de los bosques y selvas para impulsar su participación en las economías locales, al mismo tiempo que se fortaleció a las instituciones ambientales federales.

Sin embargo, a partir del 2017, y como parte de un viraje para erosionar a propósito las instituciones y las regulaciones ambientales que limitan inadecuadas decisiones gubernamentales y de poderosos grupos empresariales con impactos relevantes sobre la naturaleza y las cuencas hidrológicas, el presupuesto asignado a la agenda forestal se ha reducido continuamente hasta menos de 2 mil millones de pesos (descontando la inflación). Una reducción mayor al 70 por ciento si consideramos el máximo presupuesto histórico.

La consecuencia directa del cambio abrupto en la agenda forestal y ambiental se refleja claramente en las estadísticas gubernamentales: el año 2023 se superó el millón de hectáreas afectadas por incendios forestales, la mayor superficie quemada desde 1990; de un máximo de 370 mil hectáreas reforestadas en 2012 pasamos a menos de 10 mil hectáreas reforestadas anualmente en el periodo 2020-2022; en 2022 prácticamente se detuvieron los permisos para establecer nuevas plantaciones forestales comerciales y aprovechamientos forestales maderables, y lo mismo sucede con prácticamente todos los temas relacionados con el uso sostenible, la conservación y la restauración de los ecosistemas en las regiones forestales.

Hasta hoy, la respuesta gubernamental a esta situación ha sido la existencia del programa Sembrando Vida, el cual cuenta en 2024 con un presupuesto de 38 mil 900 millones de pesos, señalando que sus beneficiarios están “reforestando” más de un millón de hectáreas.

Esta visión incorrecta de la situación que viven las regiones forestales limita seriamente la capacidad de solucionar los problemas crecientes ya que Sembrando Vida no fortalece la capacidad de prevención y control de incendios forestales, no apoya el combate de plagas y enfermedades forestales. Hasta hoy, no ha demostrado contar con una estrategia para aprovechar sosteniblemente la madera que pueden estar produciendo los beneficiarios del programa y eliminar el posible lavado de madera ilegal a través de las parcelas beneficiadas por el programa.

Tampoco contribuye al ordenamiento y establecimiento de reglamentos comunitarios para gestionar sosteniblemente el territorio. Ni suma recursos para detener la tala ilegal y, sobre todo, no contribuye a fortalecer las capacidades institucionales en materia ambiental pues es un programa operado por la Secretaría de Bienestar con una lógica productiva, de superación de pobreza, y con una lógica a escala de parcela y no de territorio.

Superar la pobreza en las regiones rurales necesariamente requiere una revisión de las estrategias y los programas gubernamentales, además del fortalecimiento de las instituciones y el presupuesto ambientales.

Los primeros y mayormente afectados por huracanes, sequías, incendios forestales o presencia de plagas son los campesinos, y la degradación de sus territorios y recursos forestales amplía su vulnerabilidad a estos y otros fenómenos.

Para cumplir con el objetivo de justicia social y superación de pobreza en las regiones forestales se requiere recuperar la acción y la inversión gubernamental para restaurar y gestionar sosteniblemente los bosques y las selvas para que sigan proveyendo medios de vida a sus habitantes y mantener la provisión de agua, materias primas y alimentos que el país necesita.

José Iván Zúñiga Pérez-Tejada
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