Es poco conocido que en nuestro país una proporción importante de bosques y selvas pertenecen a pequeños propietarios campesinos e indígenas de bajos recursos económicos. En extensas regiones del este y del sureste mexicano, en parcelas agroforestales, es habitual la presencia de vegetación arbórea con usos continuos para abastecer a las familias y para generar ingresos.

Esta cobertura arbolada puede estar integrada por bosques secundarios, cuya recuperación se debe al manejo que los dueños han realizado en sus terrenos. También puede ser resultado de los programas de reforestación impulsados hace décadas por la Conafor. Sin embargo, para estos pequeños propietarios de bosques aprovechar sus recursos forestales con autorización no es una opción asequible.

Obtener un permiso de aprovechamiento forestal de la Semarnat implica cumplir con una tramitología compleja y costosa, además por la dificultad de viajar a las capitales de los estados donde se llevan a cabo esos trámites.

De acuerdo con datos de la Conafor, en Michoacán, Veracruz, Puebla, Jalisco, estado de México e Hidalgo los pequeños propietarios son importantes abastecedores de productos forestales maderables hacia el mercado nacional y, sobre todo, proveen de madera, leña y carbón vegetal a los circuitos regionales y locales donde se ubican.

En las estadísticas productivas, el abasto local no se incorpora, se le considera marginal aunque corresponda a un flujo constante de productos maderables insertos en cadenas de valor de diversa índole y, por tanto, generando empleos y derrama económica.

¿Cómo se manejan estos pequeños bosques? ¿Es sustentable su producción? ¿Son causantes de deforestación o degradación? No hay una respuesta rotunda a estas preguntas; depende del contexto regional y de las condiciones sociales y ambientales locales para determinar lo que está sucediendo: en algunas zonas se observan evidencias de degradación forestal, pero en otras hay recuperación de estos bosques.

Por ejemplo, en la Sierra Madre Oriental, pequeñas propiedades de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz, tienen condiciones ambientales óptimas para aprovechar cíclicamente sus bosques y mantener la cubierta forestal en condiciones adecuadas.

Estos pequeños productores forestales pueden ser ejidatarios individuales o propietarios privados; cuidan sus bosques, promueven su regeneración, combaten incendios y plagas, y cosechan productos maderables de sus tierras que venden en los mercados locales.

Para ellos, cumplir con los procesos técnico-administrativos requeridos por los permisos de aprovechamiento forestal es impráctico y costoso. Las dimensiones pequeñas de sus terrenos forestales y del volumen que cosechan no les da para eso; es más barato sacar los productos sin permiso. De ahí que su actividad productiva se realice fuera de las regulaciones administrativas que rigen al sector forestal. La condición de terrenos pequeños, volúmenes bajos y marginalidad social ha alentado un aprovechamiento irregular de madera en extensas regiones desde hace décadas.

A nivel federal, los programas gubernamentales de apoyo de la Conafor y las regulaciones forestales asociadas están diseñados para atender a productores con cientos o miles de hectáreas arboladas, mayoritariamente ejidos y comunidades agrarias.

Las reglas de operación de los programas de la Conafor requieren de un documento técnico elaborado por especialistas para ser acreedor de esos apoyos, requisito que es inviable para los pequeños propietarios forestales.

Es preciso reconocer que estos dueños de bosques aprovechan sus recursos forestales para cubrir necesidades familiares y abastecer a los mercados locales, no son taladores criminales.

Sí son productores marginales para el sistema, porque la tramitología está diseñada para no incorporarlos; en los programas de apoyo al sector forestal no son candidatos admisibles, son invisibles y con frecuencia criminalizados.

El problema de la tala ilegal es muy serio y está en expansión en varias regiones del país. Por ello es imprescindible señalar la diferencia, por un lado la extracción clandestina de grandes volúmenes de madera por grupos criminales organizados; y por el otro el aprovechamiento irregular de productos maderables y no maderables y de bajos volúmenes, que realizan los pequeños productores forestales.

No son lo mismo. En la lucha contra la tala ilegal, es imprescindible reconocer esta diferencia. Es un tema pendiente de justicia social y de fomento al buen manejo de los bosques en amplias regiones forestales del país.

Es un problema que manifiesta la falta de congruencia en la normatividad existente, con respecto a las condiciones sociales y económicas de las regiones forestales del país donde se debe aplicar.

En este contexto, promover mecanismos adecuados para impulsar una producción regulada entre pequeños propietarios es también un tema de integración social y económica.

Se requiere revisar las políticas públicas del sector forestal para que sean incluyentes, proporcionales y adaptadas a las condiciones de este país.

Repensar la ley y normatividad vinculada, para integrar una estrategia adaptativa de acuerdo a las características socioeconómicas de los dueños de esos terrenos forestales en nuestro país.

Una tarea pendiente del gobierno federal y de los estatales es diseñar mecanismos que faciliten el registro y asistencia técnica de esta actividad productiva forestal, e incorporar a la legalidad de manera voluntaria a los dueños de predios de pequeña y mediana escala con producción maderable y no maderable.

A través de su compromiso se puede intervenir de forma más efectiva la lucha contra los incendios y la tala clandestina.

Patricia Gerez Fernández
CITRO, Universidad Veracruzana
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