“Llevamos dos años de sequía,
no hemos cosechado maíz, ni frijol,
ni calabaza, ni chayote.”

Jaquelina, habitante de la Huasteca potosina.

 

La emergencia climática se materializa de manera cada vez más cercana en nuestra vida cotidiana; afecta la salud, la alimentación, la economía y la seguridad de las personas de todo el mundo. Esta situación se acentúa en países como México, donde las condiciones de vulnerabilidad, agravadas por la pobreza y la desigualdad en que viven poblaciones pesqueras, rurales, campesinas e indígenas, son críticas.

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) ha documentado cómo estos impactos están ocurriendo en todo el país: las temperaturas promedio aumentaron 0.85 0C; se ha reducido la cantidad de días frescos y hay más noches cálidas; para finales de este siglo, los rendimientos de cultivos de soya y arroz podrían caer en más de 50 por ciento; los de maíz y sorgo, hasta 40, y los de trigo, 20 por ciento, además de que la mayor parte del país se volverá más seca y las sequías más frecuentes.

Sin embargo, habrá regiones donde la precipitación podría ser más intensa y frecuente, incrementando el riesgo de inundaciones. ¡Habrá ciclones más intensos en el noroeste del Pacífico y del Atlántico norte!

Estos impactos climáticos, además, afectan la vida de las personas de manera diferenciada; no los viven ni sufren de la misma manera mujeres y hombres, ricos y pobres. Las condiciones de pobreza, desigualdad y marginación agravan indudablemente los impactos provocados a causa del incremento de la temperatura.

De la misma forma, no todos tenemos la misma responsabilidad en el problema. Los países ricos e industrializados han contribuido de manera irresponsable. Oxfam estima que el 10 por ciento más rico de la humanidad fue responsable de más de la mitad (52 por ciento) de las emisiones acumuladas en la atmósfera entre 1990 y 2015. El consumo desmedido de las élites está llevando a la catástrofe a miles de personas.

Por su parte, la ONU ha señalado que mujeres, niñas y niños tienen catorce veces más probabilidades de morir que los hombres ante un desastre natural, dadas las condiciones de desigualdad estructural relacionadas con sus derechos económicos y sociales.

Además, en múltiples contextos, persisten barreras a la participación política de las mujeres para tratar problemas públicos que les atañen, tales como los relacionados con los impactos de la emergencia climática.

No obstante, son las mujeres quienes desde sus territorios rurales y urbanos, promueven estrategias de adaptación, tales como la agricultura de traspatio, la captación y ahorro del agua para uso doméstico, la gestión adecuada de residuos, entre otras.

Es importante reconocer que los impactos de la emergencia climática, tienen repercusiones en las economías locales y en la economía nacional. Se estima que el cambio climático podría provocar costos acumulados comparables a perder entre el 85 por ciento y hasta cinco veces el producto interno bruto actual de México.

Aunado a esta problemática, el presupuesto público destinado al cambio climático, a través del anexo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se ha usado como una bolsa de recursos en la cual la mayor parte del dinero se ha destinado a programas de infraestructura, que no van a combatir el cambio climático, a reducir emisiones de gases de efecto invernadero o a promover medidas de adaptación.

En este sexenio, y en parte del anterior, más del 70 por ciento del anexo 16, se usó en proyectos de infraestructura de gas para la Comisión Federal de Electricidad, en el Tren Maya, en el programa de abasto de leche a comunidades rurales, entre otros.

Para atender la emergencia climática, como sociedad necesitamos disminuir el consumo energético y dejar de apostar por el crecimiento económico sin límite; es vital cambiar el paradigma de que necesitamos crecer a toda costa y a cualquier precio, incluso el de la vida.

En 2022, como respuesta a la presión de la sociedad civil, el gobierno de México presentó en la Conferencia de las Partes (COP) 27 nuevas metas de mitigación al 2030: en ellas propone reducir en 30 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de manera no condicionada y hasta un 35 por ciento si cuenta con apoyos internacionales.

¡Estas metas son insuficientes! Es necesario no solo frenar la dependencia al petróleo y al gas, sino prevenir, atender y reforzar nuestras capacidades frente a los impactos de la emergencia climática que ya están presentes.

El Estado tiene la obligación de diseñar políticas públicas, planes y propuestas para asegurar que todas las medidas relacionadas con la crisis climática, atiendan las necesidades de las poblaciones afectadas, que éstas sean progresivas y que sean primero las y los pobres quienes se benefician de ellas.

Además, se deben destinar recursos públicos enfocados a programas que verdaderamente van a contribuir a la disminución de la problemática.

Es imprescindible que el próximo gobierno enfrente la crisis climática y la desigualdad extrema.

Para ello deberá dedicar esfuerzos al máximo para dejar de lado la dependencia del modelo actual basado en hidrocarburos, fomentar el transporte público masivo, la agricultura agroecológica, frenar y revertir la deforestación, privilegiar el acceso al agua para las personas y, sobre todo, aumentar la capacidad de adaptación de las poblaciones que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, principalmente las mujeres.

Beatriz Adriana Olivera Villa
Engenera
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