¿Cuánta energía necesitamos? Hoy más que nunca se ha abierto a debate la relación entre energía y bienestar humano y ambiental. El modelo energético dominante –basado en combustibles fósiles y en un uso creciente, inequitativo y altamente ineficiente de los recursos energéticos– es insustentable y nos tiene en jaque a nivel planetario. Es también un reto importante para México donde todavía los hidrocarburos representan un 85 por ciento de la oferta de energía.

La única alternativa es replantear el modelo de producción y consumo energético. Este cambio de paradigma implica dejar de seguir aumentando indefinidamente la oferta energética y responder: energía, ¿para qué?, ¿para quién?, ¿quién decide su futuro?, ¿quién se beneficia con su uso?, ¿quién sufre los impactos?

Contar con energía no es un fin en sí mismo, sino un medio para satisfacer distintas necesidades humanas: lograr una calidad de vida adecuada para todos sin poner en riesgo la integridad ambiental y evitando derroches y dispendios.

En México, estamos lejos de lograr este objetivo ya que los patrones de consumo energético presentan grandes inequidades. Por un lado, un pequeño porcentaje de la población realiza consumos suntuarios y derrocha enormes cantidades de energía.

Por el otro, casi 40 por ciento de la población se encuentra en “pobreza energética” es decir, carece de las condiciones mínimas de abasto de servicios energéticos asequibles, seguros y no contaminantes. Algunos datos sirven para ilustrar estos puntos*:

Hay marcadas diferencias en el acceso a servicios energéticos domésticos. Existe un acceso muy alto a la iluminación y la televisión en los hogares mexicanos; >80 por ciento tienen acceso a la refrigeración y la estufa de gas; 50-60 por ciento tiene acceso a lavadoras y ventiladores y menos de 30 por ciento tienen calentamiento de agua, aire acondicionado y/o calefacción.

Este nivel de acceso es siempre mucho menor en las zonas rurales, donde solo la iluminación y la televisión alcanza a más del 70 por ciento de los hogares y menor también en las viviendas del sur del país con respecto a los hogares del norte de nuestro territorio.

Asimismo, sobre todo en zonas rurales, un porcentaje importante de comunidades reciben la electricidad en condiciones muy deficientes y casi 8 mil no están electrificadas.

La leña es el segundo combustible a nivel residencial, después del gas LP: 67 por ciento de las familias del campo y 15 por ciento de las familias urbanas utilizan el fogón de tres piedras.

Se estima que 28 millones de mexicanos utilizan leña de forma regular para cocinar sus alimentos.

Las familias del decil de más alto ingreso consumen en promedio 4 veces más energía doméstica (gas, electricidad) y 19 veces más gasolina para el transporte individual que las del decil más pobre.

A pesar de esto, las familias del decil más pobre pagan porcentualmente una proporción mayor de sus ingresos en acceder a la energía.

¿Qué opciones tenemos?

Contrariamente a lo que podría pensarse, garantizar el acceso a estándares de “vida digna” para todos los mexicanos –es decir, resolver las necesidades básicas para todos pero sin dilapidar la energía– no implica aumentar el consumo actual: se podría lograr con la mitad de lo que hoy consumimos per capita.

Conseguir esta meta implica cambios profundos en la forma en que hoy se produce, distribuye y consume la energía. Implica, sobre todo, hacer un uso mucho más mesurado, priorizar a las comunidades vulnerables, adaptar las fuentes energéticas a las necesidades de la población, utilizar las fuentes renovables locales (solar, biomasa, hidráulica, etc.), impulsar cambios sistémicos en las ciudades y el sistema alimentario y evitar los grandes dispendios energéticos en los estratos más pudientes.

En términos de política pública, necesitamos impulsar:

• Energía eficiente, sustentable y asequible para los hogares urbanos, con acciones concretas como: 1) desarrollar normas sobre vivienda ecotecnológica, para que las nuevas edificaciones o las mejoras a las viviendas existentes incluyan materiales sustentables, sigan principios de diseño bioclimático, incorporen dispositivos de ahorro de energía, entre otros; 2) un programa nacional de calentadores solares de agua, que entre otros beneficios, eliminaría las importaciones de gas LP; 3) un programa nacional de aislamiento térmico de viviendas, que reduciría enormemente las necesidades y consumo de aire acondicionado.
• Energía sustentable y asequible para una nueva ruralidad en México, mediante acciones como: 1) asegurar el acceso adecuado a la electricidad en poblados dispersos y desarrollo de proyectos productivos para dar valor agregado a los productos primarios –por ejemplo, secado solar de frutas, hornos eficientes de biomasa para la pequeña industria alfarera y panadera, entre otras–; 2) un programa nacional de estufas ecológicas de leña, lo que beneficiaría a 28 millones de mexicanos, particularmente a las mujeres.
• Democratización de la producción de energía, mediante la generación distribuida de tipo colectivo (eg. cooperativas de energía basadas en los “techos solares”) en áreas rurales y urbanas. Hasta un tercio de la electricidad del país podría generarse de esta forma.
• Movilidad Pública Sustentable. Promover un verdadero sistema de transporte público y electrificado, ciclovías, zonas peatonales, normas estrictas de eficiencia y emisiones para vehículos, restricciones al auto individual, en lugar de promover la adquisición de vehículos particulares.
• Políticas tributarias redistributivas. Se requieren incentivos fiscales que desincentiven el derroche energético y no afecten a los sectores con menores ingresos, a la vez de brindar facilidades para la adquisición de equipos eficientes como calentadores solares, paneles fotovoltaicos, etcétera.

 

Nota:
* A nivel global, la inequidad entre los más ricos y los más pobres es escandalosa: el 1 por ciento más rico del planeta emite 2 mil veces más per capita de CO₂ proveniente del uso de energía que ¡el 1 por ciento más pobre! Asimismo, la desigualdad en el consumo energético es mayor derivado del uso de autos privados y el transporte aéreo que aumenta muchísimo en los grupos más pudientes.

Omar Masera
UNAM
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