El país atraviesa por un periodo de sequía excepcional (léase un nivel superior a sequía extrema), producto del impacto del calentamiento oceánico del Pacífico, lo que ha provocado que se hayan alcanzado temperaturas récord en casi todo el país, causando estragos en la agricultura, incendios forestales y reducción de los volúmenes de agua almacenada en presas.

Sin embargo, la crisis hídrica que enfrentamos es resultado de décadas de mala gestión y sobreexplotación de los acuíferos, la contaminación exacerbada de ríos, arroyos, lagos y lagunas costeras, así como infraestructura hídrica insuficiente debido a la corrupción, opacidad y falta de presupuesto.

Uno de los pendientes que quedan sin resolver al cierre del periodo presidencial es la reforma a la Ley Nacional de Aguas, cuyo objetivo fue imponer un modelo de mercantilización de los bienes hídricos y alinear las políticas hídricas con las necesidades comerciales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Junto con dicha ley queda pendiente la reestructuración y limpieza de corrupción de la Comisión Nacional de Agua creada por el salinato en 1989 y que desde ese tiempo se rige mediante una estructura vertical, rígida y que solo permite la participación de concesionarios de agua a través de los Consejos de Cuenca.

Como si fuera pronóstico, en marzo de 2019 al iniciar la actual administración, las oficinas centrales de la Conagua en Ciudad de México sufrieron un incendio y a partir de ese momento la dependencia ha tenido cambios, bajas de personal con conflicto de interés, hackeos, etcétera.

La institución opera bajo la dinámica de “decisiones por desastre” que ha consistido en ignorar la prevención, provocar una crisis y exigir recursos millonarios para dar alguna solución cortoplacista.

A partir del análisis del estado actual en el sector hídrico, quienes participamos en la Agenda socioambiental 2024, en el capítulo “Agua: oportunidades para una reforma estructural transformadora”: Elena Burns, Marisa Mazari, Juan Manuel Morgan, Carolina Morgan, Ana Cecilia Espinosa y quien esto escribe, nos hemos centrado en tres aspectos fundamentales pero que distan mucho de ser los únicos:

• Reforma estructural desde la ley actual para implementar la Ley General de Aguas que reúne el espíritu de la iniciativa ciudadana y el consenso de las iniciativas de reforma para alcanzar el derecho humano al agua y al saneamiento.
• Implementar acciones para revertir la situación de conflicto socioambiental en las regiones de emergencia sanitaria y ambiental, causadas por la contaminación de los principales ríos del centro y occidente del país.
• Avanzar en el marco regulatorio y normativo que responda a las condiciones particulares de cada región hidrológica con base en la evaluación y monitoreo y que alerten de riesgos a la salud humana y a la integridad de los ecosistemas.

Como aspecto clave, es importante la revisión del otorgamiento de las concesiones de agua que han operado como un mercado de compra-venta desde 1993.

Dicha práctica ha llevado a que el 7 por ciento de los usuarios registrados de agua, controlen el 70 por ciento de agua en el país, generando una escasez artificial de agua por acaparamiento. No hay información certera respecto a la disponibilidad y recarga del agua subterránea, y la que existe está desactualizada o se basa en estudios técnicos pobres.

Coincidimos en que contar con información certera permite tomar decisiones informadas y, ahora más que nunca, los datos respecto a la cantidad y calidad del agua son estratégicos en muchos sentidos.

La falta de información, por ejemplo, mantiene al país a merced de las presiones de la política hídrica internacional con los Estados Unidos, precisamente por los volúmenes de agua transfronteriza del río Colorado.

A nivel estatal y local, los organismos operadores de agua se han convertido en negocios muy lucrativos, que a través del tandeo y/o las pipas deciden la disposición de agua, dejando de lado a personas y comunidades marginadas, además de representar procesos de privatización.

El aplazamiento a las reformas de normas ambientales tales como la NOM-127-SSA-2021 y la NOM-001-Semarnat-2021 por 25 años y la transferencia de responsabilidades a los municipios para operar plantas de tratamiento han provocado un desastre ambiental en los ríos del centro y occidente del país en donde se concentra más del 60 por ciento de la población mexicana y también de las industrias manufactureras.

La contaminación exacerbada ha convertido a los principales ríos en verdaderas cloacas de mezclas complejas de contaminantes orgánicos e inorgánicos.

Para contrarrestar los atrasos, omisiones y retomar el rumbo, con base en los tres aspectos que hemos identificado previamente, proponemos las acciones fundamentales que este sector requiere:

• Reemplazar la Ley de Aguas Nacionales por la Ley General de Aguas.
• Incorporar en el Plan Nacional Hídrico 2023-2030 programas de restauración ecohidrológica en las regiones de emergencia sanitaria y ambiental.
• Revisar y actualizar las normas ambientales pendientes NOM-002 y NOM-003 de la Secretaría de Medio Ambiente.
• Poner fin a la venta de concesiones, al sobreconcesionamiento y acaparamiento.
• Reconocer los derechos de núcleos agrarios, pueblos y sistemas comunitarios.
• Obligar a los organismos operadores de agua a priorizar el uso personal doméstico.
• Aumentar los recursos de ProAgua por lo menos a 20 mmdp anuales, incluyendo recursos para sistemas comunitarios y reingeniería de plantas de tratamiento.

Nube de palabras obtenidas de las recomendaciones para una reforma estructural transformadora de la gestión del agua en México.

Omar Arellano Aguilar
Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, UNAM
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