En medio las múltiples problemáticas socioambientales que enfrenta nuestro país, hay una que no ha recibido la atención ni la acción necesarias: la gestión integral de los residuos.

Aunque la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR), publicada hace más de 20 años, establece como prioridad su reducción y aprovechamiento y enfatiza en la importancia de su disposición final segura, es letra muerta y no ha logrado transformar el paradigma de consumir y desechar, por parte del generador, y de recolectar y confinar en basureros, por parte de la autoridad.

Para los tres tipos de residuos definidos en la LGPGIR, sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos, la gestión enfrenta dificultades para articular actores, acciones e instrumentos, se caracteriza por la fragmentación y la desigualdad, y no ha cumplido con el cometido de garantizar un medio ambiente sano.

Una generación de residuos creciente

Aunque no tenemos certeza sobre la cantidad de residuos que se producen en México, los datos oficiales arrojan que la generación de residuos sólidos urbanos (RSU) ha crecido 42.6 por ciento en los últimos veinte años, y asciende a 120 mil 128 toneladas diarias.

De todas ellas, 46.4 por ciento son residuos orgánicos, aprovechables en compostaje o biodigestión; 31.5 por ciento son residuos inorgánicos, potencialmente reciclables; y 22 por ciento son residuos no aprovechables (SEMARNAT, 2020). Por lo que, la acción pública debería ser diferenciada para aprovechar los primeros y disponer de forma segura de los últimos.

En cuanto a los residuos de manejo especial (RME), aunque la LGPGIR los define como los resultantes de las actividades productivas y de servicios, más los RSU generados en gran volumen además de algunas fracciones detalladas en la NOM-161-SEMARNAT-2011, en su gestión priman la indefinición técnica y la imposibilidad de recopilar información.

Siendo una competencia de los gobiernos estatales, estos brindarían información a partir de los inventarios de RME, la licencia ambiental única (LAU) o licencia ambiental de funcionamiento (LAF), la sección asociada a los RME en la cédula de operación anual (COA), los planes de manejo (PM) de RME y lo publicado en sus Programas Estatales para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (PEPGIR). Instrumentos poco movilizados por dicha autoridad con lo que, frente a la diversidad de fuentes y capacidades institucionales, no se puede estimar el total de RME generados.

No obstante, la literatura especializada indica que los residuos de la producción representan aproximadamente 90 por ciento de los residuos totales, es decir, que por cada kilo de alimento consumido se producen 10 kilos de desechos a lo largo de la cadena productiva o que fabricar un automóvil de una tonelada requiere 70 toneladas de material (Murray, 2002). De modo que lo que registramos es solo la punta de un enorme iceberg.

Finalmente, sobre los residuos peligrosos (RP), aquellos con características CRETIB, en 2020 la Semarnat informó que su generación fue de 2,447.5 miles de toneladas y que para 2022 ascendió a 4,288.4 miles de toneladas (Semarnat, 2023b), dando cuenta de un crecimiento vertiginoso y de la omisión de estrategias de disminución.

Cabe señalar que 96 por ciento de los RP se producen en establecimientos considerados como grandes generadores (Semarnat, 2023b), principalmente de la zona metropolitana de Monterrey y la zona metropolitana del Valle de México.

Un manejo limitado

El aprovechamiento de los RSU precisa de una recolección separada, que es ínfima en México. Además, la infraestructura pública para el manejo y aprovechamiento de los RSU es escasa: hay 104 estaciones de transferencia, 73 centros de acopio y 50 plantas de tratamiento, 19 con procesos de compostaje, concentradas en los municipios mayores a 100 mil habitantes, poniendo en desventaja a las poblaciones menores.

El manejo para los RME es el mismo de los RSU: entran en el sistema de recolección y disposición municipal, a menos que una empresa privada se encargue de recolectarlos, entonces aprovecha al máximo los residuos potencialmente valorizables al vincularse con acopiadores y recicladores privados mayores.

Sin embargo, el instrumento por antonomasia para la gestión de los RME es el Plan de Manejo, que no ha respondido a los fines de la LGPGIR ni la NOM-161, a saber, fomentar el reciclaje y reintegrar los materiales valiosos a cadenas de valor.

El manejo de RP depende de la capacidad instalada de las empresas autorizadas que incluye transporte, reciclado, aprovechamiento, coprocesamiento, reutilización, tratamiento, incineración, confinamiento, almacenamiento y acopio.

Sin embargo, el número de empresas autorizadas y la capacidad instalada para cada una de las etapas del manejo de RP, así como para los RPBI referido en el diagnóstico básico para la prevención y gestión integral de residuos (DBGIR, 2020), no coincide con lo referido por la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosa de la Semarnat en el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales (Semarnat, 2023b), ni con el Anuario Estadístico y Geográfico de los Estados Unidos Mexicanos 2022 (INEGI, 2022).

Además, en las tres fuentes el dato se refiere a la capacidad instalada no a la atendida realmente, incluso el propio DBGIR declara que en algunos rubros las cifras de manejo son superiores a la generación.

Una disposición final alarmante

Contrario a la escasez de instalaciones para el aprovechamiento de RSU, hay 2 mil 338 sitios de disposición final reconocidos (INEGI, 2021). Por su infraestructura precaria es posible afirmar que la disposición final es una etapa que coloca a las poblaciones humanas y al medio ambiente en alta vulnerabilidad y riesgo.

No hay certeza de la cantidad de residuos que entran a los basureros, tampoco hay garantía de una protección al medio ambiente y su operación cotidiana no es monitoreada.

Por lo que, la vigilancia estricta del cumplimiento de la NOM-081-SEMARNART en la disposición final de residuos es apremiante.

En cuanto a los RP se revela la falta de seguimiento y control sobre los manifiestos de entrega-transporte-recepción y de verificación que aquellas empresas generadoras y autorizadas para el manejo de RP para garantizar su completa trazabilidad. Situación que también es urgente atender.

Este breve diagnóstico toca de manera general las enormes dificultades técnicas, normativas, organizacionales y de infraestructura que enfrenta la gestión de los residuos en México.

La atención al sector de los residuos es insoslayable, no pueden pasar otros seis años de indolencia viendo cómo los residuos aumentan y también los basureros donde se confinan.

Nancy Merary Jiménez Martínez
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM
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