La minería es una actividad que deja enormes estragos en los territorios donde se lleva a cabo, acapara grandes volúmenes de agua, genera emisiones y residuos tóxicos y, en el caso de la minería a cielo abierto, ocupa grandes superficies de territorio, incluyendo no solo la zona de extracción sino varios kilómetros de caminos de acceso para la circulación de transportes y acarreos. Además de otras instalaciones como las plantas de beneficio, presas de jales, oficinas o pilas de acopio, dejando un hoyo gigantesco, estéril y con diversos pasivos ambientales (figura 1).

El panorama es más drástico cuando observamos las serias afectaciones a la salud de las personas de las comunidades cercanas, que generalmente viven en diversos niveles de pobreza, lo que desafía la noción de que esta actividad se realiza por una utilidad pública.

Las consecuencias de la pérdida de vegetación y suelos naturales no son solo un hoyo en el paisaje, sino que conllevan el deterioro en la captura e infiltración de agua, eliminan la tierra de cultivo, aumentan la temperatura y se pierden recursos naturales y servicios ecosistémicos básicos para la supervivencia humana.

El acaparamiento y uso intensivo del agua no solo afecta el acceso al recurso para las comunidades, sino que durante años ha estado amparado por la figura de aguas de laboreo, que se refiere al uso ilimitado del agua que se vayan encontrado durante la extracción, sin declararlo ni pagarlo, todo esto bajo la Ley de Minería de 1992.

Si bien en la Ley Minera vigente (2023) obliga a las empresas a dar aviso y pagar los derechos, el acceso sigue siendo ilimitado, y solo cuando no hay aguas de laboreo o son insuficientes, se solicita una concesión de aprovechamiento de aguas nacionales, cuyo dato es accesible, pero da un panorama incompleto del volumen utilizado.

La contaminación es inminente, pues las técnicas de extracción y separación de metales implican la generación de emisiones, residuos y lixiviados tóxicos, que frecuentemente resultan transferidos al aire, agua y suelo por un manejo deficiente.

Por ejemplo, los lixiviados son llevados a las llamadas presas de jales, que son bordos o huecos en el suelo donde se depositan estas mezclas contaminantes, sin membranas impermeables y sin ningún mantenimiento, por lo que terminan infiltrándose en el subsuelo o derramándose, alcanzando fuentes de agua potable que abastecen comunidades cercanas y contaminando suelos de muchos cultivos, por no hablar de los vapores que emanan pues siempre están al descubierto.

Siendo una actividad que conlleva severos impactos socioambientales y que en México aproximadamente el 10 por ciento de la superficie nacional tiene una concesión minera vigente y más de tres millones de hectáreas tienen actividad minera en ejecución, es crucial que se asegure el acceso a la información y la rendición de cuentas del sector.

Sin embargo, el escenario es más bien opaco: el nivel de transparencia del sector minero en el país presenta un rezago considerable, en particular en materia ambiental, lo cual es respaldado por instancias internacionales de transparencia y gobernanza como el Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI).

En su última edición (IGR 2021) se reconoce el estancamiento y débil desempeño en la divulgación oportuna de la información ambiental y social del sector¹; o en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), en la que México se encuentra suspendido y en cuya última validación de informe de país obtuvo un puntaje muy bajo por los escasos avances del sector minero².

La información oficial disponible sobre la actividad minera está dispersa, desintegrada, desactualizada, incompleta y se limita a divulgar datos sobre las concesiones pero no sobre los proyectos en operación, de los cuales solo existen cinco listados, que no coinciden entre sí, y que solo incluyen operaciones “relevantes”, con lo que dejan fuera los datos de las que no lo son.

Por todo esto, no es posible identificar en el territorio, una a una, las minas en el país.

En materia ambiental la información oficial es muy limitada y de difícil acceso: se pueden consultar algunas manifestaciones de impacto ambiental (MIA) y sus autorizaciones en la página “Consulta tu trámite” de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como las concesiones de aprovechamiento y descarga de aguas en el Registro Público de Derechos de Agua (Repda), pero encontrar aquéllas correspondientes a las operaciones mineras puede resultar una labor titánica o trunca, pues en ninguna de estas opciones se puede filtrar la búsqueda por sector minero, en el caso de las MIA, se piden datos como el número de bitácora o clave del proyecto que no siempre son accesibles, mientras que en el Repda las razones sociales no siempre coinciden con las promoventes de la operación minera.

De los informes de cumplimiento obligaciones y del cambio de uso de suelo forestal, la información proactiva es nula, toca solicitarlos en el portal de transparencia y las respuestas se limitan a dos constantes: “vaya a la ventanilla de la entidad federativa” o la “información es inexistente”.

Respecto a los registros de contaminación y residuos, se debe reportar cualquier generación y transferencia de emisiones y sustancias potencialmente tóxicas en la Cédula de Operación Anual (COA), cuyos datos son registrados en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) incluso si recibieron un tratamiento o manejo.

Sin embargo, las COA no son públicas ni existe un portal para consultarlas; para el RETC sí existe un portal, pero al igual que las MIA y el Repda toca espulgar los datos con lupa.

Adicional a este registro, la Semarnat cuenta con dos inventarios en la materia, el Inventario Nacional de Sitios Contaminados y Remediados y un Inventario Homologado Preliminar de Presas de Jales, ambos disponibles solo a través de un visor geográfico, pero sin información de volumen de tóxicos ni manejo de estos.

Es decir, no sabemos cuánta agua utilizan y contaminan ni con qué, cuántos bosques o vegetación natural ahora son terreno minero, qué manejo tienen las presas de jales, cuántos residuos y lixiviados se generan y a dónde van, cuántos derrames o accidentes tóxicos han sucedido, en fin, no sabemos cómo opera la minería.

La falta de transparencia y pobre gestión ambiental se ve reflejada en un estudio realizado por CartoCrítica, donde se elaboró un diagnóstico sobre qué información ambiental de 249 operaciones de minería metálica identificadas en el territorio estaba disponible.

El estudio se concentró en cuatro ejes de información oficial por mina: 1) estudios de impacto ambiental autorizados; 2) concesiones de aprovechamiento y descarga de agua; 3) registro de presas de jales y 4) registro de transferencia de contaminantes.

Asumiendo que la información disponible refleja el cumplimiento de trámites básicos para operar legalmente en materia ambiental, los resultados son alarmantes: el 38 por ciento de estas minas no cuentan autorización en materia de impacto ambiental, 72 por ciento no tiene permiso de descarga de aguas residuales, 23 por ciento no declaran una presa de jales, el 55 por ciento no registra transferencia de contaminantes alguna y de los que sí, más del 80 por ciento no declaran transferencias al suelo ni al agua.

Curiosamente, ni en el RETC del 2014, ni en el de ningún año subsecuente, aparece el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi por la negligente mina Buenavista del Cobre, ni como accidente ni como dato “inconsistente”.

Esto refleja un desafío para la trazabilidad, la implementación de un sistema eficaz de inspección y vigilancia, la participación ciudadana y el consentimiento comunitario.

En conclusión, la minería no es verde ni transparente. El hecho de que no exista un indicador oficial que señale en qué contexto de cumplimiento ambiental opera cada una de las minas y su papel en la disponibilidad de recursos naturales, en la contaminación del entorno y en el consecuente deterioro de la salud y calidad de vida de comunidades aledañas, la hace más bien opaca.

Referencias:

¹ Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales (IGR) 2021, México, minería: https://resourcegovernance.org/es/publications/indice-de-gobernanza-de-los-recursos-naturales-2021-mexico-mineria.
² Informe validación EITI, https://eiti.org/news/mexico-achieves-low-score-eiti-implementation.

Carla Flores Lot
CartoCrítica
Correo-e: [email protected]