Una parte central del discurso que promueve la actividad minera en México proviene de gobiernos locales y de industrias que señalan que esta actividad extractiva es motor de desarrollo local y nacional. Ambos sectores asumen que los proyectos extractivos mineros se realizan con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las comunidades que habitan en zonas donde tiene lugar esta explotación.

Así, refieren que la minería genera bienestar, oportunidades de una vida digna y desarrollo social en comunidades. No obstante, las cifras muestran otra situación: la minería poco aporta al bienestar para las poblaciones donde se asienta.

¿Es posible que haya lugares en los cuales abunda el oro, pero la población vive en condiciones de extrema precariedad?

Sí, las cifras sobre pobreza y pobreza extrema siguen siendo alarmantes en algunos sitios ricos en minerales, en particular en los centros productores de oro, mineral con un alto valor de producción y de mercado.

En 2021, en nueve de los 21 centros productores de oro nacionales, los niveles de pobreza moderada superaban el promedio nacional. Tal es el caso de Mazapil, Fresnillo y Ojocaliente, en Zacatecas; Guadalupe y Calvo, Ocampo, Chínipas y Madera, en Chihuahua; Santiago Papasquiaro, San Dimas y Otáez, en Durango, y Cocula y Eduardo Neri, en Guerrero.

Asimismo, ocho de los 21 municipios productores de oro superaban el nivel de pobreza extrema nacional; entre ellos destacan Mazapil y Ojocaliente en Zacatecas; Guadalupe y Calvo, Ocampo, Chínipas en Chihuahua; Cocula y Eduardo Neri en Guerrero, y Otáez en Durango.

Existen otros indicadores que pueden contribuir a la construcción de una visión más completa de la forma de vida de las personas al interior de las comunidades mineras, tales como el rezago educativo, el acceso a viviendas dignas, a la salud y a la alimentación nutritiva.

Un claro ejemplo es el del municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, del cual año con año se extraen de mil 500 a mil 920 kilogramos de oro, con un valor en el mercado de más de 2 mil 100 millones de pesos.

El municipio ocupa los primeros lugares en producción a nivel nacional, no obstante, el 76 por ciento de la población está en condición de pobreza, el 26 por ciento en pobreza extrema, el 36 por ciento no tiene acceso a una alimentación nutritiva y de calidad y presenta rezago educativo, el 30 por ciento de la población habita en viviendas con piso de tierra, el 59 por ciento no tiene acceso al agua y el 48 por ciento habita en viviendas sin drenaje. En general, en el municipio, el grado de marginación es muy alto.

Es preciso referir a los municipios productores de oro en Sonora, que, pese a tener niveles de pobreza y marginación por debajo de los promedios nacionales, parte de su población vive en condiciones precarias, por ejemplo, en Caborca, el 13 por ciento de las viviendas no tiene acceso al agua y el 30 por ciento de su población está en condiciones de pobreza.

Esto implica que aun en zonas con amplia historia minera, los beneficios para la población son pocos, en contraste con los múltiples impactos socioambientales asociados a la actividad extractiva.

En cuanto al número de empleos, las industrias extractivas generaron 127 mil 329 empleos para diciembre de 2023. Esto representa apenas el 0.58 por ciento del empleo a nivel nacional que cuenta con seguridad social.

En resumen, esta actividad extractiva está sobrevalorada y no aporta beneficios mayores al país, tal como lo hacen otras actividades económicas.

La contribución de la minería a las finanzas públicas del país también es minúscula. Las empresas mineras realizan diferentes tipos de contribuciones a las finanzas públicas; ingresos tributarios (impuesto sobre la renta (ISR), impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto sobre productos y servicios (IEPS), contribuciones por actividades de comercio exterior, otros impuestos e ingresos no tributarios (pago de derechos: especial, adicional, extraordinario y derecho a la minería). No obstante, estas contribuciones son poco significativas para el país.

En promedio, durante los últimos seis años la contribución de la actividad minera extractiva (sin contar la actividad petrolera y gasífera), representó apenas 0.82 por ciento de la recaudación total del gobierno federal.

Referente a las contribuciones fiscales en específico, el ISR minero es la única contribución positiva para el país, no obstante, en su mejor año de recaudación, el 2020, representó apenas el 1.37 por ciento de la recaudación total del gobierno. El IVA en todos los años ha sido una erogación para el Estado, mientras que el IEPS también es mínimo. Entonces, ¿cuál es el beneficio monetario que deja la actividad extractiva al país a cambio de extraer minerales de los territorios?

En el próximo sexenio, se podrían impulsar programas y actividades locales que permitan promover el desarrollo local y la reducción de la pobreza en zonas mineras, sin detrimento del medio ambiente y de los derechos de las personas y comunidades porque, pese a haber permanecido en comunidades y poblados durante años, incluso décadas, la minería no ha garantizado mejores condiciones de vida para los habitantes y no representa un aporte sustantivo a las finanzas públicas del país.

Beatriz Olivera Villa
Engenera
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