Las tendencias nacionales sobre la generación de residuos y su gestión requieren urgentemente un cambio de rumbo. No podemos permitirnos el seguir invirtiendo los magros recursos públicos enfocándonos casi exclusivamente en aumentar la infraestructura y capacidad instalada para su disposición y en tratar de controlar los desastres ambientales y los daños a la salud que generan los basureros y la incineración de residuos a cielo abierto.

Una nueva mirada requiere forzosamente virar hacia la reducción de la generación de residuos, mejorar el diseño de los productos para permitir su reúso, reciclaje y reaprovechamiento (lo que incluiría limitar el uso de sustancias químicas toxicas que éstos contienen) y enfocarse en la circularidad, no en la disposición o valorización térmica.

¿Tarea imposible? Luce compleja bajo las circunstancias actuales.

Un buen punto de partida apuntaría a contar con información confiable, completa y estandarizada sobre el problema de residuos que enfrentamos.

México no cuenta con un sistema nacional de información de residuos que nos permita tener datos certeros sobre su generación, la ubicación y características de los sitios de disposición final, caracterización de los residuos, operaciones concesionadas, entre otras cifras de relevancia que son imprescindibles para la toma de decisiones. A nivel federal solo se cuenta con información fraccionada, desigual e incluso contradictoria.

Lo que resulta claro es que no es posible continuar con la tendencia actual de generación exponencialmente creciente de residuos. Una verdadera economía circular implica medidas que tienen que ver con repensar, rediseñar, reducir, remanufacturar, reparar, modificar los conceptos de propiedad, arrendar, reutilizar, compartir, evitar la obsolescencia programada, digitalizar, entre otras medidas.

Reducir la producción de plásticos de un solo uso y de otros productos prescindibles y de difícil manejo es necesario. Se han desarrollado iniciativas estatales y municipales en este sentido que, desgraciadamente, han sido revertidas en procesos legales por temas de invasión de competencias. Una postura nacional que abandere estos esfuerzos es impostergable.

México, como miembro de la Coalición de Alta Ambición del Tratado Global para Evitar la Contaminación Plástica incluyendo el medio marino, debe tomar una postura ejemplar en lo nacional para apoyar las gestiones que incluyan la disminución de la generación de residuos plásticos.

Una falsa salida que se ha abanderado, propuesta por la industria, es las de mejorar sustancialmente las tasas de reciclaje, impulsar el reciclaje químico y fortalecer las iniciativas de incineración controlada o coprocesamiento.

Es claro que las tasas de reciclaje no subirán lo necesario para por sí solas reducir suficientemente la curva de generación de residuos. Mientras que la incineración controlada y el coprocesamiento, lejos de ser una solución, son una fuente de nuevos problemas y contaminación.

Abrir la puerta a la incineración de residuos justifica su creciente generación y podría fomentar su importación, como ha sucedido en países del sur global. La experiencia europea, con una tendencia al cierre de las plantas de incineración nos ilustra que éste no es el camino.

Y menos aun en un país como el nuestro, que no cuenta con las capacidades de verificación de cumplimiento de límites de emisiones tóxicas.

La implementación efectiva de la responsabilidad extendida del productor (REP) es otra gran tarea pendiente. Bajo el principio de quien contamina paga, la industria debe tener responsabilidad económica, física e informativa de los productos que pone en el mercado y que eventualmente se convierten en residuos.

Sobre todo, en aquellos residuos de complejo manejo como podrían ser los residuos electrónicos entre muchos otros. La Norma Oficial Mexicana que pretende regular la REP en México es confusa, con problemas de atribuciones, corta de alcances e inoperante.

Su modificación ha quedado en el tintero desde hace años. Una responsabilidad extendida también ayudaría a que la industria replanteara el diseño de sus productos, el uso de materiales y de sustancias químicas tóxicas para permitir la circularidad.

Fomentar el cobro de los servicios de recolección a nivel municipal y la conformación de asociaciones intermunicipales para la gestión de los residuos permitiría contar con economías de escala y más recursos para mejorar y diversificar las estrategias, como establecer plantas de compostaje o biodigestión o establecer buenos sistemas de separación de origen.

La reducción en la emisión de metano, un potente gas de efecto invernadero generado en los basureros y de CO₂ por la quema de residuos a cielo abierto es una tarea urgente para cumplir con los compromisos nacionales e internacionales de mitigación del cambio climático.

Para incidir en la problemática nacional generada por los residuos, México debe basar su actuación en apego a los protocolos, convenciones, declaraciones y acuerdos internacionales sobre contaminación, cambio climático, residuos, sustancias químicas y derechos humanos que ha firmado, privilegiando el interés común sobre el privado.

El derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, el derecho de acceso a la información y a la participación y a la justicia y el derecho a saber y entender deben ser principios fundamentales de la política ambiental. Ojalá que podamos empezar a girar la dirección de la vela para navegar en la dirección adecuada en los años por venir.

Sofía Chávez
Casa CEM, Centro de Cultura y Educación Ambiental
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