El sentido común convencional impulsado por el mercado, los gobiernos y los medios de comunicación corporativos (o sea el capitalismo) es que la mayoría de las naciones disfrutan de un entorno democrático. Esto no puede estar más lejos de la realidad, pero la mayoría de la gente cree que en efecto vivimos en sociedades democráticas. Empero, las pruebas desmienten tal mito. Demuestran que lo que los gobiernos consideran democracia es un engaño, ya que la verdadera democracia es un entorno totalmente distinto al que padecemos bajo el capitalismo. Padecemos y no disfrutamos de un paradigma mercadocrático que reina supremo sobre las vidas de nuestras sociedades.

En lugar de una estructura social diseñada para procurar el bienestar de todos los rangos de la sociedad –con especial énfasis en los desposeídos–, tenemos un sistema de consumidores individualistas alienados, desentendidos de los asuntos públicos. Es un sistema diseñado para maximizar la acumulación de capital de los “señores” del mercado. Se trata de la pequeña élite de inversores institucionales de los mercados financieros internacionales y sus corporaciones en esta era del capital monopolista imperial. Se trata de un sistema impuesto por las oligarquías actuales a expensas de la mayor parte de la población mundial y de nuestro hogar, el planeta Tierra.

El factor fundamental que explica el entorno mercadocrático que ha consolidado el capitalismo es que las “instituciones democráticas de la sociedad” han sido secuestradas mediante la corrupción para imponer el capitalismo en todas las esferas de la vida pública. El entorno democrático es una parodia de la democracia representativa para imponer la mercadocracia, con un coste cada vez mayor para todo el espectro de los derechos humanos.

Al desmontar la impostura democrática se pone al descubierto la cruda incongruencia entre el discurso político establecido y la realidad que padecen las sociedades. El dogma establecido es que los habitantes de muchas naciones, tanto en las metrópolis del sistema como en la periferia, ya “disfrutan” del resultado de las luchas de las sociedades por construir paulatinamente un acuerdo, el contrato social, que determina las reglas de convivencia armónica que el pueblo, la ciudadanía, define cómo deben conducirse todas las cosas que pertenecen a la cosa pública.

Sin embargo, la verdadera democracia sólo puede materializarse si la agenda pública es determinada y controlada libremente por los ciudadanos. Ningún interés especial puede interferir en el proceso mediante partidos políticos o grupos de cabildeo a sueldo. En su lugar, tenemos sistemas políticos que los detentadores del poder económico han corrompido por completo. Ellos controlan la cosa pública mediante el control de la agenda pública, el elemento crítico en su diseño. Esta diminuta oligarquía, que comprende menos del 1 por ciento de la población, controla a los políticos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, financiando sus campañas políticas y asociándose con ellos en sus empresas privadas. Los políticos se convierten en agentes del mercado que impulsan su supuesta agenda pública. Así, la democracia representativa es un nefasto sobrenombre para el régimen mercadocrático que padecemos.

La connivencia tácita entre quienes controlan las esferas pública y privada garantiza que el poder legislativo siga en manos de “legisladores” que representan los intereses de las élites del mercado. Utilizando la terminología de Jeffrey Winters para las oligarquías, las oligarquías civiles se centran en bajar los impuestos y reducir las normas que protegen a los trabajadores y a los ciudadanos de las fechorías empresariales, precisamente el mantra neoliberal que domina la política económica actual.¹ Estas construyen instituciones “democráticas” que las protegen legalmente de las acciones judiciales contra su mal comportamiento. Y, como explica Winters, sostienen todo esto mediante la financiación de campañas políticas y un cuadro de cabilderos profesionales que les permiten ejercer una influencia indebida sobre la política. De este modo, deciden qué temas de la cosa pública se abordan, y sólo en la dirección que beneficia a sus propios intereses privados. De aquí que, en lugar de vivir en sociedades democráticas, vivamos en sociedades mercadocráticas bajo la dictadura de los dueños del mercado. Además, el secuestro de la democracia se ha llevado al extremo, donde la mercadocracia encarna la economía de casino controlada por la especulación pura y dura en los mercados de inversión. Así, casi todos los aspectos de la vida humana se han bursatilizado para la especulación financiera.

El capital monopolista también ha producido un gran salto en la desigualdad. Esto se observa mejor en la mercantilización del trabajo humano, con millones de personas padeciendo una vida muy precaria, bregando en una ética de moderno trabajo esclavo. Foster, Jamil Jonna y Clark sostienen que, para comprender el funcionamiento interno del capitalismo financiarizado actual, es esencial entender su nexo monetario corruptor y corrosivo que se extiende a todos los aspectos de la existencia humana. La codicia y el poder están subsumidos en su médula y constituyen su fuerza motriz.

El propósito de la democracia es conciliar el interés público (el bien común) con el interés individual (el bien privado), de modo que la libertad del individuo no busque su interés privado en detrimento del interés público. En marcado contraste, partiendo de la libertad individual, el capitalismo persigue el interés privado del individuo sin tener en cuenta su impacto en el bienestar de todos los demás participantes en el sistema. Los principios fundamentales de la verdadera democracia, como la igualdad, la justicia social, el bienestar y la regulación son anatema para el capitalismo y la mercadocracia. La maximización de su riqueza es su único sentido moral. Hay dos ejemplos impecables y paradigmáticos de la connivencia cuidadosamente calculada entre los intereses privados y los políticos para suplantar los instrumentos reguladores de un entorno democrático e imponer la mercadocracia.

Un ejemplo es la eliminación de la Ley Glass-Steagall estadunidense de 1933. Esta ley se instituyó como reacción directa a las prácticas económicas y bancarias que produjeron el desplome del mercado de 1929. La ley separó deliberadamente la banca comercial de la banca de inversión para prohibir que los préstamos y ahorros comerciales se bursatilizaran en los mercados financieros. Además, la ley prácticamente prohibía cualquier préstamo destinado a operaciones especulativas y eliminaba la omnipresente posibilidad de los conflictos de intereses. Sin embargo, en 1999, el núcleo de la Ley Glass-Steagall fue derogado por el Congreso estadunidense como culminación de un esfuerzo de cabildeo de 300 millones de dólares por parte de los sectores bancario y de servicios financieros. Su peor efecto fue un cambio cultural, que sustituyó las prudentes prácticas tradicionales de la banca comercial por una fiebre especulativa, en la que los principales actores bursatilizaron la banca comercial.

El otro ejemplo es el caso Citizens United contra la Comisión Electoral Federal, decidido por el Tribunal Supremo estadunidense en 2010. La decisión equivalía a la homologación del capital con los seres humanos en forma de corporaciones. La idea que impregna la cultura estadunidense de que las empresas deben ser consideradas personas jurídicas con derechos individuales, como si fueran personas físicas, fue finalmente refrendada. La sentencia equiparó la persona de las corporaciones a la de los ciudadanos, permitiendo a éstas ejercer su “derecho” a la libertad de expresión en las campañas políticas, permitiéndoles gastar tanto como quieran para apoyar u oponerse a candidatos individuales. Así, las empresas son libres de apoyar financieramente las agendas políticas de su elección y, con frecuencia, de su diseño. Con algunas variaciones, los recintos gubernamentales han sido invadidos por el poder corporativo en todo el mundo. En marcado contraste con una esfera verdaderamente democrática, el mercado ha invadido la esfera pública y dicta la vida de las sociedades en todo el mundo.

La mercadocracia tiene dos características distintivas: en primer lugar, contrariamente a su pretensión de generar prosperidad, ha desarrollado tremendas e insostenibles desigualdades y destrucción medioambiental en todas partes. Es intrínsecamente injusta y un paradigma en beneficio propio para los centros de poder económico y político y sus estructuras cuidadosamente protegidas por el consenso fabricado a través de sus aparatos mediáticos dominantes, destinados a mantener a la mayoría ajena al entorno mercadocrático. En segundo lugar, los gobiernos no aplicaron este proceso democráticamente. Nunca se ha informado a la gente ni se le ha pedido que apruebe las estructuras actuales mediante un referéndum debidamente informado tras un proceso de propuestas, debates y resoluciones. Giorgos Kallis lo resume sucintamente: “El ‘libre mercado’ no es un proceso natural; se ha construido mediante la intervención deliberada de los gobiernos. La repolitización de la economía exigirá un cambio institucional arduamente combatido para devolverla al control democrático”. Dale Jamieson sostiene que estamos bajo el control de un sistema monstruoso, y escribe: “Parece como si viviéramos una extraña perversión del sueño de la Ilustración. En lugar de que la humanidad gobierne racionalmente el mundo y a sí misma, estamos a merced de monstruos que hemos creado”.

A menos que los pueblos del mundo rompan el consenso impuesto por el sistema, tomen conciencia y se organicen para construir un paradigma radicalmente distinto y genuinamente sostenible, asistiremos a la consolidación absoluta de la mercadocracia.

¹ Según Winters, el motivo existencial de todos los oligarcas es la defensa de la riqueza. La forma en que responden varía en función de las amenazas a las que se enfrentan, incluido su grado de implicación directa en el suministro de la coerción subyacente a todas las reivindicaciones de propiedad y si actúan por separado o colectivamente. Estas variaciones dan lugar a cuatro tipos de oligarquía: guerrera, gobernante, sultanista y civil. Jeffrey A. Winters, Oligarchy (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).

Álvaro de Regil Castilla
Director ejecutivo de La Alianza Global Jus Semper