Como es de esperarse, todos los estudios sociales revisados aluden al evento del derrame de origen minero en el río Sonora. Los primeros trabajos eran de divulgación, breves, testimoniales y manejaban poca información obtenida en campo (Moreno, 2016); entre estos encontramos los trabajos de Castro Longoria (2014), Albert y Jacott (2015), Carrillo, Espinosa, Olguín y Cuevas (2015).

La publicación más inmediata que se basa en trabajo de campo sobre la percepción de los habitantes del río acerca de la contaminación, fue publicada por Ortiz, Tapia y Rascón (2016). En esta, mediante 34 entrevistas realizadas entre octubre y noviembre de 2014, se demuestra que entre las percepciones de los habitantes los temas centrales fueron los impactos inmediatos de la contaminación, la indemnización por el daño y la desinformación acerca de la situación por fuentes oficiales. Este acercamiento tiene como base la tesis de una de las autoras (Rascón, 2016).

El acceso al agua potable

Cuando aconteció la contaminación del río se estableció un área vedada de 500 metros a ambos lados del río, con lo cual se restringió el uso de 322 pozos y norias. Para atender la problemática, se debió abastecer de agua a la población por medio de pipas y entrega de garrafones de agua purificada (Elizalde, 2020; Noriega, 2019). De acuerdo con Elizalde (2020), esta práctica de recolección de agua de las pipas afectó la salud de los habitantes. Algunos manifestaron que durante los meses que tuvieron que acarrear el agua en baldes y garrafones, registraron fuertes problemas en las articulaciones del cuerpo.

Esta necesidad provocada por el derrame, trastocó la vida diaria de los habitantes, pues tuvieron que organizarse en tomo a los horarios del reparto de agua. Además, por lo limitado del abastecimiento, fueron alteradas sus prácticas de higiene y salud al no poder hacer uso del recurso como se acostumbraba (Ortiz, Tapia y Rascón, 2016). Además, se afectaron las prácticas alimentarias, pues se desconfiaba del agua que consumían en la preparación de la comida (Franco, 2019).

El impacto económico

Otro estudio de más largo aliento iniciado en el mismo año del derrame, lo hizo Luque et al. (2019) a través de un trabajo de 253 entrevistas en 23 localidades del río Sonora durante 2014-2016. En su libro, los autores brindan una caracterización socioeconómica y ambiental de la región del río Sonora, y luego identifican algunos impactos del derrame. Como la marca negativa a la identidad colectiva de lo que significa el río; impactos en el ingreso económico y la organización productiva tradicional; afectaciones en los sistemas de acceso al agua para consumo humano para sus cultivos y animales y en la biodiversidad. De igual forma, identifican que, a ocho meses de ocurrido el derrame, la población mostraba síntomas de estrés postraumático y de depresión (Luque et al., 2019).

A una conclusión similar llega la tesis de Vázquez (2016), en la cual señala que se generalizó la idea de que cualquier producto pecuario o agrícola estaba contaminado, por lo que bajó la demanda de productos de la zona (Franco, 2019; Vázquez, 2016). También hubo un daño al sector turístico, pues las personas dejaron de visitar y consumir productos en la región (Carrillo, Espinosa, Olguín y Cuevas, 2015; Vázquez, 2016). Sobre este tema se logró registrar en los estudios la existencia de un pesimismo general pues, según Luque et al. (2019), 44 por ciento de los encuestados indicaron que habían perdido gran parte de su patrimonio; además señalaron que veían difícil el futuro.

Asimismo, 88 por ciento afirmó que había recuperado poco o nada después del evento y 75 por ciento veía pocas posibilidades de recuperar lo que tenían antes del derrame.

La indemnización y el conflicto

Para la empresa minera la contingencia solo ocasionó la clausura parcial y temporal de instalaciones del complejo por un lapso de seis meses y el pago de una multa de 22.9 millones de pesos (Moreno, 2021). Para continuar con sus operaciones y atender la reclamación de los daños, en septiembre de 2014 el gobierno federal y Grupo México negociaron la creación de un fondo que fue denominado Fideicomiso Río Sonora (FRS) con un monto final total de mil 207 millones de pesos.

Con él se pretendía remediar la contingencia a partir de la implementación de pagos por el desabasto temporal de agua, normalización del abasto de agua potable con fuentes alternas y un muestreo sistemático de los pozos. Además de subsanar los daños a la salud, remediar los problemas ambientales y la reactivación económica de la zona (Elizalde, Díaz-Caravantes y Moreno, 2021).

Como fruto de la inadecuada administración del FRS, otro tema de relevancia en los estudios sociales sobre los impactos del derrame fue la indemnización y los conflictos generados por la forma en cómo se realizó dicha indemnización.

Entre los problemas señalados se encuentra que hubo personas que se registraron sin ser realmente residentes de la región (Rascón, 2016; Toscana y Hernández, 2017); además, se señala la insuficiencia de una indemnización de 15 mil pesos por toma de agua ante la magnitud del impacto. Otro asunto fue lo inequitativo de las indemnizaciones entre diversos sectores económicos: hoteleros, comerciantes, agricultores y ganaderos (Vázquez, 2016):

También los pobladores indicaron que en la lista de beneficiarios faltaron personas que sí habían sido afectadas (Toscana y Hernández, 2017). Según lo estudiado, por el proceso electoral se suspendió la entrega de recursos del 6 de marzo al 7 de junio de 2015, a pesar de que provenían de una fuente privada (Toscana y Hernández, 2017).

El nivel de conflicto llegó a tal profundidad que, de acuerdo con lo registrado en los estudios, hubo hasta ruptura entre familias debido a la forma opaca en que manejaron los recursos de la indemnización (Noriega, 2019).

El conflicto no fue solo por la forma en cómo repartieron dichos recursos, también por la manera como se dotó de infraestructura a las comunidades. Un ejemplo es el señalado por Elizalde et al. (2021), quienes indican que la reubicación de los pozos en lugares mucho más alejados del río, provocó un elevado costo del servicio eléctrico y, con ello, conflictos comunitarios en la organización del pago del agua.

El tema de la falta de pago aún continúa pues algunos pobladores no quieren pagar el agua. Alegan que está contaminada por lo que la empresa y el gobierno deberían hacerse cargo de los costos del servicio de agua (Cáñez y Pineda, 2019).

En conclusión, de acuerdo con los estudios sociales, prevalece la idea de que la indemnización no sirvió para remediar los impactos del derrame. Por el contrario, el único resultado fue la generación de fricciones, tensiones y divisiones en la población del río Sonora, lo cual fue parte de la estrategia de la empresa para fracturar el tejido social de la región (Toscana y Hernández, 2017).

La cobertura de los medios de comunicación

Cuando ocurrió el derrame, los medios de comunicación se convirtieron en un actor relevante, pues funcionaron como una forma de “alerta temprana” del desastre para una parte de la población que se dio cuenta de la magnitud del derrame a través de los medios periodísticos (Elizalde, 2020). Hubo una gran cantidad de medios cubriendo las noticias sobre el derrame y sus consecuencias. Incluso generando información que más tarde fue retomada por los estudios sociales sobre la contingencia.

Durante varios meses, el desastre ocupó titulares en medios locales, nacionales e internacionales. Un estudio de Farías (2022) destaca el papel que desempeñó un equipo periodístico en la cobertura del derrame durante los primeros meses. Con base en 140 notas de este equipo periodístico, Farías resalta que el criterio de objetividad periodística se manifiesta en la cobertura desplegada por este equipo.

Sin embargo, enmarcando la cobertura en el llamado “periodismo de desastres”, se detecta la ausencia del debate a fondo de las causas de origen del desastre y la falta del discurso de prevención y contención de riesgos debido a la no especialización de los reporteros en el tema. Por otra parte, este autor establece que la cobertura periodística sobre la contingencia solo se retoma al cumplirse un nuevo aniversario de su acontecimiento (Farías, 2024).