¿Cómo resolvemos los problemas ambientales en México? Nos llegan noticias de protestas, arrestos, confrontaciones violentas y asesinatos por la defensa de los recursos naturales del país.

Ante este panorama, es fácil dejar de lado la existencia de un cuerpo numeroso y robusto de normas constitucionales, tratados internacionales, leyes generales, federales, y estatales, ordenamientos municipales, programas, y normas oficiales y otros instrumentos.

Con todos ellos podemos regular la actividad humana respecto a la protección, conservación, uso y aprovechamiento de los recursos, mediar y resolver conflictos, identificar y perseguir a los infractores y delincuentes ambientales y lograr, a veces, el resarcimiento del daño.

Este cuerpo de escritos e instrumentos legales no ha sido suficiente para prevenir la explotación ilegal y no regulada de tales recursos en detrimento de sus dueños y usuarios legítimos.

Si bien es necesario que exista la voluntad real de los gobiernos de hacer cumplir leyes y tratados, normas, programas e instrumentos, somos los ciudadanos, legítimos dueños y usuarios de nuestros recursos, los que debemos exigir mejores leyes de nuestros representantes; hacer que se cumplan debidamente por los administradores públicos y forzar la impartición de justicia ambiental efectiva en los tribunales de todo el país.

Esto no sucede: es evidente la degradación ambiental, el decremento de los niveles de salud no solo de las personas sino de los ecosistemas, la rampante corrupción.

Todo esto incide en la falta de justicia ambiental a pesar de los esfuerzos sociales para corregir el rumbo. Son estos esfuerzos los que nos inspiran a adentrarnos, aunque sea someramente, en temas que reflejan el estado actual de la discusión ambiental y en sus fortalezas y carencias.

Este número de La Jornada Ecológica no es un panfleto de protesta ni un clamor por justicia ambiental. Es una pequeña introducción a los alcances y limitaciones a los que se enfrenta la justicia ambiental.

Presentamos casos en los que la legislación y normativa ambiental y los procesos judiciales y administrativos existentes, basados en tales leyes y normas, si bien reflejan la esperanza de obtener justicia, muchas veces también hacen transparente la inevitable denegada justicia.

Nuestros invitados hablan de las necesidades actuales en el proceso de impartición de justicia. También de lo sustantivo, del derecho a un ambiente sano, lo que implican las actividades económicas que requerimos como sociedad pero necesariamente impactantes para el entorno natural y social, (como la minería submarina y el crecimiento urbano descontrolado).

Agregamos las fallas en los tres niveles de gobierno para confrontar violaciones a las leyes ambientales y a los principios mínimos de respeto al ambiente; la necesidad de actualizar nuestras leyes en materia ambiental, el papel de la propiedad privada en la defensa del ambiente y los usos y abusos del derecho humano fundamental al agua.

Agradecemos a Iván Restrepo nos permita ofrecer a quienes leen estas líneas, casos emblemáticos de legislación ambiental en México; presentarles las necesidades de una mejor legislación ambiental y ejemplos de cómo resolver problemas de derechos tan fundamentales como el agua y la propiedad.

Que estos casos inspiren a abogados, científicos, ambientalistas y activistas a defender por la vía legal los paisajes, ecosistemas, recursos y especies mexicanos y sus procesos.

Horacio de la Cueva y Luis Vera Morales
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