En un mundo donde la presión sobre los recursos naturales crece exponencialmente debido al desarrollo económico y el crecimiento de la población, existe la necesidad de herramientas efectivas para garantizar la sostenibilidad.

En México, la evaluación de impacto ambiental es el instrumento principal para analizar los efectos de proyectos en el medio ambiente. Su enfoque reactivo –en vez de preventivo– y limitado a iniciativas individuales resulta insuficiente para abordar los impactos acumulativos y estratégicos de planes, programas y políticas públicas.

Para resolver esta circunstancia, el ordenamiento ecológico del territorio y la evaluación ambiental estratégica surgen como enfoques complementarios que pueden transformar la evaluación de impacto ambiental en un proceso más eficiente y preventivo.

El ordenamiento ecológico del territorio organiza el uso del suelo con criterios ecológicos, mientras que la evaluación ambiental estratégica evalúa los impactos ambientales de decisiones de alto nivel antes de su implementación.

La integración de estas herramientas puede optimizar los procesos de evaluación de impacto ambiental, promoviendo la conservación de recursos naturales y una sostenibilidad genuina en el contexto mexicano.

Optimización en la eficiencia

Los aspectos más relevantes para optimizar el ordenamiento ecológico y la evaluación ambiental estratégica son:

Marco integral para la planificación sostenible: el ordenamiento ecológico del territorio establece un marco espacial y normativo que delimita zonas de conservación, producción y uso de recursos, utilizando las características biofísicas y socioeconómicas del territorio.

Por ejemplo, el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio en México de 2012 define áreas prioritarias para la biodiversidad y regula actividades en función de la capacidad de carga ambiental.

Al integrarse con la evaluación de impacto ambiental, el ordenamiento ecológico proporciona un contexto regional que evita que los proyectos se evalúen de forma aislada, reduciendo riesgos como la fragmentación de ecosistemas.

Por su parte, la evaluación ambiental opera a un nivel estratégico, analizando los impactos de políticas y programas antes de que se traduzcan en proyectos específicos.

Estas herramientas permiten una planificación proactiva que alinea los objetivos de desarrollo con la protección ambiental, como por ejemplo se podrían aplicar en el diseño de corredores industriales sostenibles.

Prevención de impactos acumulativos y sinérgicos: un defecto de la evaluación de impacto ambiental es su incapacidad para considerar los efectos acumulativos de múltiples proyectos o políticas en una región. El ordenamiento ecológico del territorio, al zonificar el territorio y establecer límites de uso, ofrece una visión holística que puede anticipar estos impactos.

Para poner un ejemplo: en la península de Yucatán, un ordenamiento ecológico del territorio actualizado podría haber evaluado el impacto combinado del Tren Maya, el turismo y la agricultura, guiando una evaluación de impacto ambiental mucho más completa.

La evaluación ambiental estratégica complementa esto al analizar los efectos de decisiones estratégicas, como planes de expansión urbana o políticas energéticas, identificando riesgos antes de que se materialicen en proyectos específicos.

En el caso de la refinería Dos Bocas, una evaluación ambiental estratégica previa pudo haber ajustado su ubicación y diseño para minimizar el daño a humedales, haciendo la evaluación de impacto ambiental posterior más eficiente y efectiva.

Toma de decisiones informada

Tanto el ordenamiento ecológico del territorio como la evaluación ambiental estratégica utilizan información científica y participativa, enriqueciendo los procesos de la evaluación de impacto ambiental.

El ordenamiento ecológico del territorio utiliza la biodiversidad, hidrología y clima para definir áreas sensibles, como los bosques de la reserva de la biosfera Mariposa Monarca, mientras que la evaluación ambiental estratégica incorpora escenarios futuros, como el cambio climático, en la planificación de políticas.

Esto permite que las evaluaciones de impacto ambiental sean más rigurosas y menos susceptibles a presiones políticas o económicas.

Por ejemplo, una evaluación ambiental estratégica aplicada al Plan Nacional de Desarrollo podría haber identificado regiones vulnerables al cambio climático, orientando las evaluación de impacto ambiental de proyectos energéticos hacia soluciones renovables en lugar de combustibles fósiles, alineándose con metas de sostenibilidad y acuerdos internacionales firmados.

Reducción de conflictos y costos a largo plazo: la falta de planificación estratégica en la evaluación de impacto ambiental genera conflictos sociales y ambientales que retrasan proyectos y aumentan costos sin disminuir sus impactos.

El ordenamiento ecológico del territorio, al involucrar a comunidades y delimitar usos del suelo, reduce la oposición al establecer consensos previos.

En Chiapas, un ordenamiento ecológico del territorio participativo en la selva Lacandona podría haber evitado disputas con comunidades indígenas durante la evaluación de impacto ambiental de proyectos forestales, agrícolas y agroindustriales.

La evaluación ambiental estratégica, por su parte, permite ajustar políticas antes de su implementación, evitando errores costosos.

Un ejemplo sería la evaluación estratégica del programa de reforestación Sembrando Vida, que podría haber optimizado su diseño para maximizar la recuperación de suelos realmente degradados y con la siembra de especies de la región y no de aquellas que no son aptas para esos ecosistemas, facilitando las evaluaciones de impacto ambiental de iniciativas relacionadas y ahorrando recursos públicos.

Adaptación al cambio climático y resiliencia territorial

El cambio climático es un desafío crítico para la sostenibilidad. Ni la evaluación de impacto ambiental tradicional ni los proyectos individuales lo abordan adecuadamente. El ordenamiento ecológico del territorio puede incorporar modelos de resiliencia, como la protección de zonas de recarga hídrica, mientras que la evaluación ambiental estratégica evalúa cómo políticas nacionales, como la transición energética, afectan la capacidad adaptativa de los ecosistemas.

Al integrarse, estas herramientas aseguran que las evaluación de impacto ambiental de proyectos específicos (por ejemplo, presas, proyectos portuarios y carreteras) consideren riesgos futuros, como inundaciones o sequías, promoviendo diseños más sostenibles, resilientes y duraderos.

Eficacia del ordenamiento ecológico del territorio y la evaluación estratégica

La integración eficaz y efectiva del ordenamiento ecológico del territorio y la evaluación ambiental estratégica en la legislación y el marco regulatorio de México presenta oportunidades que la gestión ambiental y el desarrollo sustentable. Algunas de estas oportunidades son:

Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional: en México, el ordenamiento ecológico del territorio está regulado principalmente por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), mientras que la evaluación ambiental estratégica, aunque no está plenamente desarrollada en la legislación, podría complementarlo.

Se pudieran armonizar las competencias de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal). Por ejemplo, mediante un marco normativo que integre ambos instrumentos. Podría aprovecharse la experiencia de colaboración entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en programas como los Programas Municipales de Ordenamiento Ecológico y Territorial y podría servir como base para institucionalizar la evaluación ambiental estratégica como herramienta transversal.

Incorporación de la evaluación ambiental estratégica en la planeación estratégica: el ordenamiento ecológico del territorio regula el uso del suelo y las actividades productivas a nivel territorial, pero carece de un enfoque preventivo. La evaluación ambiental estratégica permite evaluar los impactos ambientales de estas decisiones antes de su implementación, evitando conflictos que luego deben resolverse a través de evaluaciones de impacto ambiental individuales.

Integrar la evaluación ambiental estratégica en la LGEEPA o en la Ley de Planeación podría garantizar que las políticas sectoriales de energía, transporte y agricultura consideren criterios ecológicos desde su diseño.

Participación social y transparencia: tanto el ordenamiento ecológico del territorio como la evaluación ambiental estratégica requieren procesos participativos para ser efectivos.

En México, la participación ciudadana ya es un principio del ordenamiento ecológico del territorio, pero podría fortalecerse mediante la evaluación ambiental estratégica, que promueve consultas públicas en etapas tempranas de la planeación.

Esto podría integrarse en el marco regulatorio a través de mecanismos como la Bitácora Ambiental o comités técnicos, asegurando que las decisiones sean consensuadas y transparentes, lo que incrementaría su legitimidad y viabilidad.

Adaptación al cambio climático y resiliencia territorial: la legislación mexicana tiene la oportunidad de vincular el ordenamiento ecológico del territorio y la evaluación ambiental estratégica para abordar desafíos como el cambio climático, que exige una planeación territorial resiliente.

Por ejemplo, la evaluación ambiental estratégica podría identificar riesgos ambientales en planes de desarrollo urbano o infraestructura, mientras que el ordenamiento ecológico del territorio establecería los lineamientos para mitigarlos. Esto podría reflejarse en actualizaciones al Reglamento de la LGEEPA en materia de ordenamiento ecológico, incorporando indicadores de sostenibilidad y adaptación al cambio climático.

Optimización de recursos y reducción de conflictos ambientales: la integración de ambos instrumentos permitiría una asignación más eficiente de recursos públicos al priorizar áreas de aptitud sectorial y evitar proyectos en zonas de alta vulnerabilidad ecológica. Esto podría lograrse mediante la creación de un sistema nacional de planeación que vincule el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio con evaluaciones estratégicas, reduciendo la saturación de instrumentos como la evaluación de impacto ambiental y resolviendo conflictos antes de que escalen.

Actualización normativa basada en experiencias previas: México cuenta con antecedentes exitosos, como el Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California (2006), que podrían servir de modelo para integrar la evaluación ambiental estratégica en otras regiones o escala, en materia de evaluación estratégica se cuenta con antecedentes como la evaluación del programa de inversiones de la CFE en 2007, la evaluación ambiental de las zonas económicas especiales entre 2015 y 2017, la coordinación entre la Sener y la Semarnat para los proyectos de generación de energía eléctricas de las subastas eléctricas de 2015, 2016 y 2017.

Una reforma a la LGEEPA podría establecer la evaluación ambiental estratégica como un requisito obligatorio para planes y programas de gran escala, complementando el ordenamiento ecológico del territorio con un enfoque preventivo y prospectivo.

Conclusiones

La integración del ordenamiento ecológico del territorio y la evaluación ambiental estratégica en los procesos de evaluación de impacto ambiental ofrece un camino claro para superar las limitaciones actuales de la evaluación de impacto ambiental en México.

Al proporcionar un marco integral, prevenir impactos acumulativos, fortalecer la toma de decisiones, reducir conflictos y adaptarse al cambio climático, estas herramientas transforman la evaluación de impacto ambiental de un trámite reactivo a un proceso estratégico y proactivo.

En un país con una riqueza natural tan vasta como vulnerable, esta sinergia no solo mejora la eficiencia de los procesos de evaluación, sino que asegura la conservación de recursos esenciales como el agua, los bosques y la biodiversidad.

Para lograr una verdadera sostenibilidad es crucial que el gobierno mexicano invierta en la actualización del ordenamiento ecológico del territorio en los tres niveles de gobierno, fortalezca la implementación de la evaluación ambiental estratégica y fomente su vinculación obligatoria con la evaluación de impacto ambiental en planes, programas, políticas y proyectos.

Solo así se podrá garantizar que el desarrollo económico no comprometa el legado ambiental de las generaciones futuras y alcancemos las diferentes metas y objetivos de la Agenda 2030 de la sostenibilidad.

Finalmente, la integración de la evaluación ambiental estratégica en la legislación mexicana ofrece la oportunidad de construir un sistema de planeación más preventivo, participativo y adaptado a los retos ambientales actuales. Esto requiere voluntad política, coordinación intersectorial y una visión de largo plazo que priorice la sustentabilidad en el desarrollo territorial y económico en nuestro país.

Alfonso Flores Ramírez
Consultor
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