Luego de que –tras setenta años de invasión de madereros, ganaderos y neolatifundistas avalados y encubiertos por sucesivos gobiernos de Chiapas y federales– fuera finalmente emitida la inatacable sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a favor, no solo del gobierno del estado de Oaxaca, sino en realidad, a favor de los municipios indígenas de Santa María y San Miguel Chimalapa (16 de noviembre de 2021, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 2022) y habiendo transcurrido con mucho, el plazo de 30 meses establecido en dicha sentencia, para que los gobiernos de Chiapas, Oaxaca y federal, la cumplieran en todos sus términos, su cumplimiento no ha llegado ni a una cuarta parte, habiendo enfrentado reticencias, boicot y hasta burlas de parte de los tres gobiernos.

Es entendible que el de Chiapas así actúe; lo inaceptable es que el propio gobierno oaxaqueño, beneficiado por la lucha comunal, a la cual durante años no solo no apoyó, sino que atacó y presionó, haciendo incluso todo lo posible –a través de sus sucesivos consejeros jurídicos: Víctor Hugo Alejo, Angel Alejo, Octavio Tinajero y, actualmente, Geovany Vásquez– para primero, perder el juicio de Controversia Constitucional 121/2012, y luego, habiéndolo ganado (gracias a la presión comunal y al apoyo permanente de Maderas del Pueblo y del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas) regateando su cumplimiento.

Por parte del gobierno federal, casi de inmediato vino como respuesta, la inaceptable burla de parte del presidente López Obrador, quien el 14 de julio 2022, desde su “mañanera”, anunció su propósito de que, en vez de cumplir la sentencia de la SCJN y –según él– “para evitar más enfrentamientos entre los gobiernos de Oaxaca y Chiapas, y entre comuneros chimas y “campesinos chiapanecos”, imponer en Los Chimalapas una reserva de biosfera federal, intento que de inmediato provocó la fuerte movilización comunal, expresada en una masiva caravana motorizada a la Ciudad de México y un plantón de una semana en el zócalo metropolitano.

Al ver frustrada su absurda intentona, y ante la necesidad de “demostrar” su vocación “ambientalista” frente a las denuncias públicas sobre la devastación socioambiental provocada por la construcción del militarizado tren mal llamado Maya, AMLO ordena a Semarnat y Conanp, lograr la improvisada imposición en Los Chimalapas, de dos áreas comunitarias de conservación voluntaria (ACCV) por un total de más de 430 mil hectáreas (70 por ciento de todo el territorio comunal) para con esta delirante cifra, presumir al final de su mandato, que su administración rompió el récord de hectáreas bajo protección como área natural protegida, todo ello en vez de reconocer y de apoyar el proceso de la reserva ecológica campesina, autodecretada y defendida por la base comunal desde 1991.

Obviamente, esta imposición de las áreas comunitarias de conservación voluntaria (ACCV) Chimalapas, la hizo el gobierno federal sin brindar ninguna información ni consulta a las bases de las más de 30 congregaciones comunales, y con la abierta oposición de la Asamblea General de la cabecera de Santa María Chimalapa, logrando obtener la firma y anuencia únicamente de las autoridades comunales y municipales chimas, así como de sus corruptos “asesores”, prometiéndoseles, además, la incorporación de esas 430 mil hectáreas al fraudulento programa de captura de carbono (conocido mundialmente como REDD+) de lo cual –según promesas gubernamentales– los chimas “obtendrán millonarios ingresos anuales”.

Y, para rematar, ya en la actual administración de Claudia Sheinbaum, recientemente se dio la burla de parte del Tribunal Agrario de Tuxtepec, Oaxaca, al declarar como improcedentes los juicios de nulidad agraria contra los núcleos agrarios de origen chiapaneco Cal y Mayor (bastión de caciques ganaderos neolatifundistas) y Canaán, ambos núcleos asentados ilegalmente en territorio comunal chima.

Pendientes han quedado entonces el cumplimiento de puntos torales de la multicitada sentencia, como son:

• El brecheo y amojonamiento del límite interestatal Oaxaca-Chiapas, así como el de los límites comunales establecidos en las dos carpetas básicas y planos definitivos de reconocimiento y titulación de bienes comunales de Santa María y San Miguel Chimalapa.
• Que el Instituto Nacional Electoral (INE) readecúe el mapa de redistritación del estado de Oaxaca, hecho público en octubre de 2015, realizando además una campaña de credencialización federal de todxs lxs habitantes mayores de 18 años que viven dentro de los más de 30 núcleos agrarios, de origen chiapaneco, ubicados dentro de las 162 mil hectáreas, donde se señale que su poblado y domicilio se encuentra en los municipios de Santa María o San Miguel (según sea el caso) y dentro del estado de Oaxaca, y no en Cintalapa, Chiapas.

Por otra parte, tenemos claro que la principal causa estructural de la depredación ecológica y sociocultural de la biorregión más importante y mejor conservada, territorio indígena ancestral de Los Chimalapas, lo es la problemática agraria, causada por el doloso y hoy demostrado, ilegal e ilegítimo conflicto interestatal, invalidado, al menos formalmente, por la sentencia de la SCJN, y siendo que, entre 1967-1992, la SRA, en apoyo a la estrategia del gobierno de Chiapas, admitió solicitudes agrarias, tramitó y aprobó mandamientos gubernamentales y resoluciones presidenciales de dotación de ejidos, posteriores a las de los Chimalapas, repartiendo tierra comunal ajena y usando indígenas –tsotsiles en su mayoría– como carne de cañón y escudos humanos, creando 36 núcleos agrarios.

Los chimas, desde 1991, han buscado una conciliación agraria, de campesino a campesino, reconociéndoles como comuneros y a sus poblados como congregaciones comunales, sin desalojarlos, siempre y cuando reconozcan que se encuentran en territorio comunal y bajo la autoridad de la asamblea y comisariado de bienes comunales, y bajo las normas internas establecidas en los estatutos comunales.

Esta paciente y ejemplar labor de conciliación logró que seis de esos núcleos agrarios se incorporasen a los bienes comunales, ello pese a incesantes provocaciones y amenazas de parte de los tres gobiernos y sobre todo de los rancheros neolatifundistas, que se sabe ocupan 126 supuestas “pequeñas propiedades”, mismas que en este caso los chimas sí exigen su desalojo.

Ante este panorama, de igual forma que en el caso del incumplimiento de la sentencia que ha ratificado los límites interestatales a favor de Oaxaca y de Los Chimas, los tres gobiernos involucrados se niegan a actuar en favor de la justicia y derecho que les favorece a las comunidades chimalapas, pretendiendo que los chimas no solo reconozcan las irregulares dotaciones de ejidos a los núcleos chiapanecos (como lo demuestra el reciente fallo del Tribunal Agrario de Tuxtepec) sino también que, implícitamente, reconozcan las 126 pequeñas propiedades, tal como pretendió en 1993 Arturo Warman, en su carácter de Procurador Agrario.

De lograr esto, literalmente se le cercenarían al vasto, biodiverso y ancestral territorio chimalapa 49 mil hectáreas, acelerándose brutalmente su deforestación por tala, incendios y ganaderización, e iniciando así un proceso de desintegración comunal, lo que constituiría un verdadero e inaceptable ecocidio y etnocidio.

Un sorprendente hecho, ocurrido con los recientes cambios llevados a cabo por Morena 4T, en cuanto la normatividad, elección de magistrados y nueva composición de la SCJN, llevó al abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz, no solo a ser electo como ministro de la nueva Suprema Corte de Justicia, sino a presidir la misma, a partir del 1 de septiembre 2025.

Hugo Aguilar, en su calidad de subsecretario de Derechos Indígenas de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) de Oaxaca, durante el gobierno de Gabino Cué, formó parte fundamental del equipo interdisciplinario de expertos(as) que –bajo coordinación de Jesús Martínez Álvarez, secretario general de Gobierno– elaboramos y fundamentamos la solicitud de Controversia Constitucional presentada el 30 de noviembre de 2012 ante la SCJN, contra la citada invasión de 162 mil hectáreas de territorio oaxaqueño, dentro de los bienes comunales y municipales de Santa María y San Miguel Chimalapa; equipo interdisciplinario que fue desplazado luego de la digna renuncia de Martínez Álvarez en abril 2013, quedando su seguimiento a cargo de Víctor Hugo Alejo, consejero Jurídico de Cué, quien, junto con su hermano Ángel –como nos consta al propio Hugo Aguilar y al autor de este artículo– hicieron todo lo posible porque Oaxaca y Chimalapas perdieran el juicio ante la Suprema Corte.

Ante este panorama, como Maderas del Pueblo, hacemos un llamado a la sociedad civil, al pueblo mexicano y del mundo, y en especial, al abogado Hugo Aguilar en su carácter de ministro presidente de la SCJN, a apoyar por todos los medios, la incansable, tenaz y pacífica lucha de la base comunal de Los Chimalapas, en defensa de su territorio ancestral y en defensa de la biorregión más importante y mejor conservada de México y Mesoamérica, cumpliendo y haciendo cumplir en todos sus términos, la postergada sentencia.

Miguel Ángel García Aguirre
Fundador y coordinador general de Maderas del Pueblo del Sureste, AC
Fundador y promotor del movimiento y campaña El Istmo Es Nuestro
Correo-e: m_a_[email protected]