El humo, el fuego y el calor húmedo e intenso, eran algo común de ver y sentir en las montañas de Córdoba, Veracruz, porque desde hace muchos años se quema la caña de azúcar en los ingenios (un proceso sumamente contaminante y que se ha comprobado que causa daños a la salud), pero esa vez, el fuego y el humo no se veían a lo lejos en las montañas, se sentían cerca del centro de la ciudad.

El calor inusual y el desagradable olor eran muy intensos e insoportables; el olor picaba la nariz y hacía llorar los ojos. Poco tiempo después se supo que los daños a la salud y al medio ambiente que causó el desastre de Agricultura Nacional de Veracruz, SA (Anaversa) eran irreversibles.

Cuando sucedió esta tragedia, se escucharon explosiones muy cerca del centro de la ciudad, en donde nunca debió instalarse esta empresa privada, Anaversa, formuladora de plaguicidas y de almacenamiento de agroquímicos –probablemente muchos de ellos altamente peligrosos–, sobre todo porque enfrente había una guardería y a los alrededores escuelas, una iglesia, casas, fondas, puestos de alimentos y frutas, hasta una gasolinería que pudo a haber explotado también, de no controlarse el fuego a tiempo.

Horas después se activó el Plan de Emergencia DN-III, aproximadamente mil 700 personas fueron evacuadas y atendidas por intoxicación en diversas instituciones de salud de la ciudad.

Desde el terrible incendio y explosiones en las instalaciones de Anaversa, el 3 de mayo de 1991, quienes sufrieron intoxicación siguen exigiendo justicia porque han sido ignorados y violados sus derechos a la salud, a un medio ambiente sano y a la información acerca de las sustancias tóxicas a las que siguen expuestas, en particular, las vecinas y vecinos del predio en donde estaba la empresa, el cual desde entonces, se encuentra en ruinas y sin remediarse, por lo que suponen que se esparcen todavía hasta hoy, en el aire, tierra y agua de la región, diversos contaminantes.

Además de que no hubo seguimiento epidemiológico a las posibles consecuencias a largo y mediano plazo, a pesar de que fue en su momento la primera recomendación sobre un tema ambiental de la recién fundada, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Las explosiones de Anaversa: negligencia y corrupción

De acuerdo con testimonios de las personas afectadas, que se han publicado en diversos medios de comunicación, artículos, documentales, libros y podcast, una nube venenosa –como se describe en la recomendación de la CNDH– se esparció varios kilómetros hacia al norte de la ciudad y como consecuencia se dispersaron insecticidas organofosforados, herbicidas y solventes que al quemarse, se generaron dioxinas y furanos, sustancias altamente tóxicas, que pueden permanecer en el ambiente por largo tiempo, causar daños irreversibles a la salud humana; entre ellos, diversas enfermedades como cáncer, insuficiencia renal, daño genotóxico, afectación a los sistemas inmunológico y hormonal.

Las víctimas coinciden en que esta grave situación fue causada por negligencia y corrupción, porque la empresa operaba sin los permisos necesarios de los sectores de salud y ambiente.

En el libro México tóxico, emergencias químicas (2015, Siglo XXI), escrito por Lilia América Albert y Marisa Jacott se dedica un capítulo: “Anaversa, un crimen impune” para explicar detalladamente el desastre, en el que señalan que los dueños de la planta no proporcionaron una lista comprobable de los productos que se formulaban o almacenaban allí y de sus materias primas. Hasta el momento se desconoce cuáles plaguicidas u otras sustancias había en la planta cuando sucedió el accidente, en qué cantidades, ni cuáles formulaban o almacenaban.

También se describe en el libro cómo los bomberos, además de controlar el fuego por tres horas –durante las cuales hubo otras cuatro explosiones– a falta de otros recursos, estuvieron enfriando con agua dos tanques de 50 mil litros cada uno que contenían disolventes inflamables. Injustamente se les culpó de diseminar los contaminantes sin considerar que, si no hubieran enfriado los tanques podrían haberse incendiado y el fuego alcanzar la gasolinería situada a menos de 100 metros causando una explosión mayor.

Así quedaron en evidencia las condiciones vergonzosamente precarias, sin la adecuada capacitación, ni recursos materiales en las que trabajaba el cuerpo de bomberos. A pesar de ello, sofocaron el incendio con grave riesgo para sus vidas y su salud, pues estuvieron muy expuestos, sin protección ni información acerca de las sustancias altamente dañinas que se despidieron a causa del incendio.

Se cree que el agua que corrió a causa del control del fuego contaminó los pozos de agua que utilizaba la población cercana, los arroyos locales y eventualmente los ríos Atoyac y Blanco. En la zona se vieron corrientes de agua en colores verde y amarillo que bajaban por las calles, además de las sustancias tóxicas en forma de polvo que permanecieron en las casas y los desechos del incendio que indebidamente se depositaron en el basurero municipal.

Ante el desastre, los vecinos se organizaron acordonaron la zona con mecates y trataron de ayudar en lo posible. Los funcionarios municipales no aparecieron hasta el día siguiente, después del ejército, como refiere la recomendación de la CNDH, dejaron a cargo de forma irresponsable, a policías judiciales para que trataran de resolver el problema de contaminación ambiental e intoxicación masiva.

El gobernador del estado de Veracruz por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) era Dante Alfonso Delgado Rannauro, hoy presidente de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos del partido Movimiento Ciudadano.

Antes de la tragedia, las profesoras y las personas que trabajaban y habitaban en la zona ya se habían quejado varias veces de los insoportables olores que emitía la fábrica y las molestias en la salud que les causaban a ellas y ellos, así como a sus estudiantes, niñas y niños, pero no les hicieron caso.

En una carta enviada el 22 de marzo de 1991, la directora de la escuela primaria Guillermo Sherwell, solicitaba al presidente municipal de Córdoba la reubicación de Anaversa, porque procesaba e industrializaba “venenos para la agricultura”.

Decía que contaminaban el ambiente y afectaban a los estudiantes y docentes, produciéndoles escozor en ojos, nariz y boca, dolor de cabeza, náuseas e hinchazón de lengua y boca, además de que había muchas personas enfermas de asma y males respiratorios.

En la región, los daños a la salud que padecen se han ido agravando con el paso del tiempo y pueden ser el resultado de las sustancias que inhalaron como consecuencia de este desastre. De acuerdo con testimonios de las personas afectadas, bebés recién nacidos tienen múltiples malformaciones: espina bífida, sin genitales, aplasia medular, síndrome nefrótico, entre otros.

Cada vez es más indignante saber cómo los “accidentes” industriales fueron ocultados durante el neoliberalismo, para proteger intereses económicos y políticos sin que importaran los daños a la salud de las personas y al medio ambiente. Ahora se sabe que hubo instrucciones desde el Estado, los medios de comunicación y empresarios vinculados al poder, para que la información de los daños y consecuencias del incendio no salieran a la luz.

Hubo una censura impuesta para que no se hablara del tema, como relatan los periodistas que estuvieron en el lugar de los hechos, en el episodio “Anaversa: La crónica de un desastre anunciado”, del podcast Delirios crónicos realizado por Ibero 90.9 FM, en agosto de 2025.

Reconocimiento histórico de la tragedia en el Senado

En este sexenio se han dado algunas muestras de interés por retomar el problema de Anaversa, reconocer la problemática que persiste y atender a las personas afectadas que hasta hoy luchan por justicia socioambiental y de salud en este caso. En una conferencia de prensa, Rosalinda Huerta Rivadeneyra, presidenta de la Asociación de Afectados por Anaversa, AC, se congratuló al mencionar que por primera vez “fue atendido este asunto en el Senado de la República y quien les abrió la puerta, hoy es la presidenta del Senado” por lo que tienen confianza en que ahora sí se hará justicia.

La senadora Laura Itzel Castillo Juárez, entonces presidenta de la Comisión de Energía e integrante del Grupo Parlamentario de Morena ofreció el miércoles 23 de abril del 2025, una conferencia de prensa y un conversatorio donde participaron algunas de las personas afectadas por las explosiones de Anaversa.

Al día siguiente presentó un punto de acuerdo para que: el actual Estado mexicano, reconozca el suceso y ofrezca una disculpa pública a las víctimas y al pueblo de Córdoba. Se dio turno a la iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se propone declarar el 3 de mayo como “Día nacional de la prevención de desastres químicos”, también solicitó el cumplimiento de la construcción de un hospital general regional y un centro oncológico en Córdoba, así como la reapertura del expediente del caso Anaversa en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y que se reconozca que jamás se cumplió la recomendación 99/1991.

Castillo Juárez mencionó en sus redes sociales que es necesaria la memoria histórica para construir justicia, por lo que “con esas acciones reconocen a estas víctimas y solicitan resarcir el daño que aquellos gobiernos neoliberales hicieron, y que aún existen secuelas”. Insistió también en que seguirán luchando por un país donde la vida y la salud estén por encima de cualquier interés privado.

El día del 34 aniversario de la tragedia y para que no se olvide, la senadora publicó nuevamente en sus redes sociales, diversos materiales gráficos en donde mencionaba que “el gobierno neoliberal de aquel entonces redujo –el desastre químico de Anaversa– a un “accidente”, sin reconocer a las víctimas, ni dar atención médica adecuada, ni dar seguimiento a los daños ambientales y a la salud”.

Además señaló que “Anaversa operaba gracias a la corrupción, pues no contaba con las licencias para el manejo de esas sustancias químicas y la falta de información sobre estas derivó en el mal manejo por parte de las autoridades ante esta emergencia”.

La asociación respondió en un comentario de Facebook de esa publicación a Laura Itzel Castillo, donde la llaman compañera y le agradecen infinitamente su solidaridad y enorme convicción de lucha “por mirar a este caso como una asignatura pendiente que representa la peor cara de los efectos de un neoliberalismo salvaje que dejó graves secuelas en las presentes y futuras generaciones de Córdoba y sus alrededores”.

No se cumplió la recomendación por violar DDHH en una empresa privada

En el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, el 3 de junio de 1991, unos días antes de cumplirse un año de haberse fundado la CNDH (6 de junio de 1990), literalmente se presentaba la prueba de fuego de su eficacia, al tener que resolver la queja presentada por el incendio en Anaversa.

Debido a la inacción y corrupción de las personas funcionarias públicas a nivel municipal, estatal y federal ante el desastre medioambiental y sanitario, la comunidad afectada, a través de la entonces diputada local Rosalinda Huerta Rivadeneyra, integrante de la Comisión Permanente de Comunicación y Asuntos Ecológicos de la IV Legislatura del estado de Veracruz, presentó una queja ante la CNDH y solicitó su intervención para que investigara lo sucedido en agravio de los habitantes de Córdoba, para lo que contrató los servicios de Consultores Ambientales Asociados, SC, que dirigía la doctora Lilia América Albert, toxicóloga, experta y pionera en los estudios de plaguicidas y contaminación ambiental en México.

Albert y su equipo realizaron un estudio técnico respecto al desastre químico y su recomendación destaca lo siguiente:

• Efectuar la limpieza de los residuos de plaguicidas y otros materiales de Anaversa de acuerdo con los lineamientos técnicos aplicables al caso y llevarlos de inmediato a un confinamiento de desechos industriales, siguiendo los lineamientos nacionales e internacionales para el transporte de sustancias peligrosas.
• Realizar un estudio epidemiológico amplio y de larga duración (por lo menos cinco años) en la población expuesta de manera aguda a los humos y vapores producidos por el incendio y la explosión –no sólo a los trabajadores de la fábrica– y un censo integral de las personas que estuvieron expuestas de manera aguda a las sustancias producto del siniestro.
• Realizar una evaluación de los gastos que generó el accidente entre la población y solicitar a las autoridades que dictaminen quién debe cubrir las indemnizaciones correspondientes.
• Establecer un mecanismo contra contingencias ambientales en la zona, incluyendo las de tipo químico, y que se le dé la mayor difusión posible a través de todos los medios.
• Demandar a las autoridades competentes que los reglamentos para la operación de estas empresas sean más estrictos y se supervise eficazmente su cumplimiento.
• Que las autoridades establezcan mecanismos para responder con la rapidez que estos casos requieran y proveer a la población de información clara, suficiente y oportuna, que les permita protegerse y conducirse adecuadamente en caso de contingencias ambientales.

Además de que informen, de manera periódica, sobre los avances de los estudios y acciones respecto al accidente y que den el apoyo necesario para que puedan ser verificados por la comunidad, así como dotar a los cuerpos de bomberos con el equipo más avanzado, para que realicen su labor y garanticen su integridad física.

En este mes de octubre, el día 29, se cumplieron 34 años de que la CNDH, emitiera la recomendación 99/1991, la primera en su tipo, que implica la violación de derechos humanos con participación de una empresa privada. Esta fue dirigida al secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Patricio Chirinos Calero (quien después fuera electo gobernador de Veracruz) y al secretario de Salud, Jesús Kumate Rodríguez, como responsables de los hechos y para que se encargaran de reparar los daños causados, proporcionaran atención médica especializada a los afectados y establecieran en la zona una vigilancia epidemiológica de larga duración.

Aunque la tragedia se conoció nacional e internacionalmente como uno de los mayores desastres químicos en América Latina, cayó en el olvido, cuando en 1999 la CNDH, entonces a cargo de Mireille Roccatti declaró que la recomendación había sido “totalmente cumplida” aunque en realidad los funcionarios públicos federales de salud y ambiente, no la acataron y las comunidades afectadas no han aceptado hasta hoy, que la recomendación hecha por la CNDH se haya cumplido.

Un hospital oncológico: deuda histórica con las víctimas de Anaversa

Durante los 34 años de exigencia por justicia social y de salud pública, la ciudadanía de Córdoba ha solicitado la construcción de un hospital general regional con unidad oncológica del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), porque como mencionaron en la petición electrónica de Change.org –donde reunieron más de 18 mil firmas para ello– es una deuda histórica con las víctimas del desastre de Anaversa.

Rosalinda Huerta insiste en que ya hay evidencia de la necesidad urgente en la región, porque de acuerdo con el documento de justificación del proyecto del hospital realizado por el IMSS, existen más de 400 enfermos de cáncer en la zona esperando ser atendidos, sobre todo niños con leucemia y personas con enfermedades autoinmunes.

Además, enfatizó que actualmente no hay instituciones públicas para atender pacientes oncológicos en Córdoba, por lo que se tienen que trasladar a las ciudades de Veracruz o Xalapa, lo que genera más gastos y sufrimiento a las familias, además, para muchas es difícil pagar el viaje o resistir el traslado.

El 30 de noviembre de 2024, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró un hospital de salud mental en Orizaba, Veracruz, Huerta asistió para solicitarle construir el hospital oncológico y la presidenta le dijo que le daría seguimiento.

En un documento fechado el 14 de agosto de 2025, dirigido a Ricardo Ahued, secretario de Gobierno del estado de Veracruz, la presidenta Sheinbaum, a través de la Secretaría de Gobernación, instruye de forma inédita, “que establezcan comunicación con Rosalinda Huerta Rivadeneyra, para que le proporcionen los mecanismos legales de orientación, asesoramiento y representación ante las dependencias competentes para que:

• Se incluya de manera formal el proyecto del hospital general regional con unidad oncológica en Córdoba, dentro del presupuesto federal de salud del gobierno de la República.
• Se instruya al IMSS a reinstalar la mesa de trabajo y que se incluya formalmente a la Asociación de Afectados por Anaversa, AC, reconociendo su labor ininterrumpida desde 1991 en defensa de la salud, la verdad y la justicia ambiental.
• Que este caso emblemático se asuma como referente nacional para la prevención de desastres químicos y ambientales y la atención de sus víctimas, tal como sucede con otras regiones como Coatzacoalcos, Minatitlán, el caso de Pasta de Conchos o El Salto, Jalisco; así como a nivel internacional en Bhopal, India, y en Seveso, Italia.
• Que se forme una comisión interinstitucional con representantes del IMSS, la Cofepris, la CNDH, la Semarnat, la SEDATU y organizaciones de la sociedad civil, para garantizar el cumplimiento del proyecto y la justicia socioambiental y sanitaria de la región.

El 9 de septiembre de 2025, Huerta Rivadeneyra mencionó en conferencia de prensa, que el panel intergubernamental tiene que estar integrado además por personas científicas de Conahcyt (hoy Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación) y Protección Civil, a través de la convocatoria de la Secretaría de Gobernación.

Respecto al comportamiento de los funcionarios en las negociaciones pidió que “esté coordinado y supervisado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, además refirió que interpusieron recientemente una queja ante la CNDH, porque sus derechos como ciudadanos fueron violentados al no haberse donado a tiempo el terreno para la construcción del hospital oncológico.

En esa misma conferencia de prensa insistió: “Nosotros no decimos que todos los enfermos de cáncer se deben a Anaversa, pero lo que no se puede negar es que Anaversa es un antecedente epidemiológico irrefutable... lo más importante es que se aprenda de tanto dolor, de tanta corrupción que se ha padecido, sea del partido que sea. La oscuridad y la luz está en todas partes, lo único que podemos hacer es estar vigilantes y participar como ciudadanos”.

Para Lilia América Albert, en una entrevista que realicé recientemente, afirma de forma contundente que Rosalinda Huerta es la que ha mantenido vivo el reclamo por justicia social y el cumplimiento de los derechos al medio ambiente sano y a la salud de las y los cordobeses, por lo que considera que “hay que reconocerle la persistencia. Es su mérito porque cada año ininterrumpidamente, ella es quien se ocupa de reunir a las víctimas para exigir que se cumplan sus derechos que fueron violados”.

Esperemos que esta vez sí haya justicia socio ambiental y sanitaria y no solo demagogia.

Primavera Téllez Girón García
Comunicóloga y periodista
Maestra en comunicación y política
Correo-e: [email protected]